El Ayuntamiento de Altafulla ha dado el primer paso para crear una Bolsa de Vivienda Municipal que permita ordenar la gestión y la adjudicación de los pisos de titularidad municipal o cedidos por terceros.
El consistorio ha iniciado el proceso para elaborar una nueva ordenanza que definirá cómo funcionará este instrumento, qué viviendas podrán formar parte de él y cuál será el procedimiento para adjudicarlos en régimen de alquiler.
Antes de redactar el texto definitivo, sin embargo, el Ayuntamiento ha abierto una consulta pública previa para que la ciudadanía pueda hacer aportaciones.
Dos meses para presentar propuestas
La consulta estará abierta desde este miércoles 8 de julio hasta el 8 de septiembre de 2026.
Durante estos dos meses, vecinos, entidades y organizaciones podrán presentar propuestas, sugerencias y consideraciones sobre la futura normativa.
Las aportaciones se deberán tramitar mediante una instancia genérica en la sede electrónica del Ayuntamiento.
Cómo se gestionarán y adjudicarán las viviendas
La futura ordenanza deberá establecer un marco único y estructurado para el funcionamiento de la Bolsa de Vivienda.
Entre los principales objetivos se encuentra regular la gestión de los pisos, fijar los criterios de adjudicación y establecer los mecanismos de administración y control de las viviendas que se incorporen.
La normativa afectará tanto a los inmuebles municipales como a aquellos que puedan ser cedidos al Ayuntamiento por parte de terceros.
Una medida prevista desde 2021
La creación de la Bolsa de Vivienda ya aparecía entre las actuaciones previstas en el Plan de Actuación Municipal de Vivienda de 2021.
Aquel documento ya señalaba la necesidad de disponer de un instrumento municipal con criterios claros de funcionamiento, tramitación y control.
Ahora, cinco años después, el Ayuntamiento inicia el procedimiento para convertir esta previsión en una normativa específica.
La vivienda, una necesidad básica
La memoria elaborada por la Concejalía de Vivienda recuerda que el acceso a una vivienda es un bien básico y de primera necesidad reconocido por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El documento también remarca que las políticas de vivienda social tienen la consideración de servicio de interés general.
Con la futura ordenanza, Altafulla quiere dotarse de un sistema estable para gestionar las viviendas disponibles y definir de manera transparente cómo se adjudican.