Los alcaldes de ocho municipios del Camp de Tarragona han reclamado este lunes una gestión integral de los riesgos asociados a la actividad química, el transporte de mercancías peligrosas y las grandes infraestructuras del territorio. Los representantes municipales han firmado en Vila-seca el “Manifiesto por una gestión del riesgo compatible con el futuro del Camp de Tarragona”, en el que reclaman más coordinación entre administraciones, inversión, tecnología y un marco normativo actualizado.
La declaración ha sido suscrita por los alcaldes de Vila-seca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell y Vilallonga del Camp, así como por el primer teniente de alcalde de Salou. Los municipios defienden una estrategia conjunta ante una realidad territorial en la que conviven en un espacio reducido núcleos urbanos, industria química, infraestructuras logísticas, redes ferroviarias y viarias, actividad turística y espacios de pública concurrencia. Esta superposición, según los ayuntamientos, obliga a abordar los diferentes riesgos desde una perspectiva territorial.
El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha defendido que la seguridad de las personas debe seguir siendo “siempre la primera prioridad”, pero ha remarcado que esta protección debe ser compatible con la vida cotidiana de los vecinos, el desarrollo de los municipios y la continuidad de una actividad industrial que considera estratégica.
“La pregunta no debe ser solo hasta dónde llega un riesgo. La pregunta también debe ser qué podemos hacer para que este riesgo sea cada vez menor y para que su proyección sobre el territorio sea cada vez más limitada”, ha señalado Segura.
Actuar sobre el origen del riesgo
El alcalde de Vila-seca ha resumido la propuesta de los municipios en cuatro pasos: identificar el riesgo, reducirlo en origen con toda la tecnología disponible, gestionar el riesgo residual y hacerlo compatible con la vida cotidiana y el desarrollo del territorio.
Segura ha defendido así un cambio de enfoque que, según los alcaldes, no se base únicamente en las distancias de seguridad, las limitaciones urbanísticas o el alejamiento de las personas respecto de los focos de riesgo. “No con la gente”, ha remarcado durante su intervención, en referencia a la necesidad de actuar sobre el origen de los riesgos.
En este sentido, los municipios consideran que el nuevo marco regulador catalán para los establecimientos con riesgo de accidentes graves es una oportunidad para incorporar los avances técnicos y metodológicos más recientes. También reclaman que la gestión del riesgo tenga en cuenta la evolución de las infraestructuras y de los municipios.
Segura ha puesto como ejemplo algunas situaciones urbanísticas de Vila-seca en las que, según ha explicado, determinadas afectaciones derivadas del riesgo pueden condicionar nuevas actuaciones. Ha citado el caso de una nueva plaza de cerca de 300 metros cuadrados situada al lado del casco urbano, para la cual se debería garantizar el confinamiento de las personas ante un eventual episodio de riesgo.
El alcalde ha cuestionado que estas medidas puedan acabar afectando nuevos desarrollos mientras se mantienen otros elementos existentes en entornos similares. Por ello, ha reclamado que las decisiones se basen en una identificación clara y transparente de los riesgos y que se priorice actuar sobre sus focos.
Cinco demandas de los municipios
El manifiesto concreta esta posición en cinco grandes líneas de actuación. La primera es crear una estrategia territorial integrada y una cartografía dinámica de los riesgos que permita tener identificadas las diferentes capas de riesgo, los elementos vulnerables y las medidas de prevención existentes.
La segunda reclama priorizar las inversiones y aplicar la mejor tecnología disponible para reducir los riesgos en origen. Los alcaldes proponen identificar las actuaciones necesarias, establecer responsabilidades y plazos y crear líneas específicas de subvenciones para la industria química. También apuestan por reforzar los sistemas de detección, monitorización, seguridad y automatización.
En tercer lugar, piden una política específica para el transporte de mercancías peligrosas, tanto por carretera como por ferrocarril. La propuesta pasa por analizar los flujos desde una perspectiva cuantitativa del riesgo, teniendo en cuenta factores como el tipo y volumen de mercancías, las frecuencias, las velocidades, las características de las infraestructuras, los sistemas de seguridad y las posibles rutas alternativas.
La cuarta reclamación es actualizar el marco normativo catalán y establecer criterios homogéneos para gestionar el riesgo residual. Los municipios quieren que el futuro decreto incorpore metodologías europeas avanzadas y que no se limite a fijar distancias o afectaciones, sino que también regule la manera de analizar, prevenir, reducir y gestionar los riesgos.
Finalmente, plantean una gobernanza territorial estable con participación efectiva de los municipios. La propuesta pasa por crear un espacio permanente de coordinación entre la Generalitat, los ayuntamientos, el Estado, los gestores de infraestructuras y el sector industrial.
Los ayuntamientos piden más información sobre los riesgos
Durante la comparecencia, Segura también ha reclamado más transparencia e información sobre los riesgos que afectan a los municipios. “Queremos una mesa de transparencia, de claridad y, sobre todo, identificar cada uno de estos riesgos”, ha afirmado.
En este sentido, ha defendido que los ayuntamientos puedan conocer con más detalle cuáles son los riesgos existentes, qué elementos los originan y qué actuaciones se pueden aplicar para reducirlos. Segura ha criticado que algunas herramientas de cálculo cuantitativo del riesgo no sean accesibles a los consistorios a pesar de que pueden acabar generando afectaciones sobre las actividades que se desarrollan en el territorio.
Los alcaldes también han anunciado que pedirán una reunión con la Generalitat y los departamentos competentes para empezar a trabajar en esta mesa de coordinación territorial. El objetivo es que los municipios afectados tengan un papel más activo en las decisiones relacionadas con la planificación, la cartografía y los criterios técnicos que pueden condicionar su desarrollo.
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