Una veintena de personas han parado el desahucio de una familia de Salou, a quien ImmoCaixa no quiere renovar el contrato de alquiler social.
Durante los últimos seis años, la Kika, el Toni y su hijo han vivido en esta vivienda de protección oficial, que La Caixa terminó de construir en 2009 para un plazo de diez años. Una fecha de caducidad que la familia asegura que desconocía, ya que en el momento de la firma se les informó que cuando terminara el plazo podrían renovar el contrato o bien comprar el inmueble.
Desde el Sindicato de Inquilinos han alertado de que el caso de La Quica no es aislado y que, hasta 2027, la situación podría repetirse en 47 pisos más de la misma promoción. La comitiva judicial ha aplazado el lanzamiento hasta marzo.
