Un año y medio de pesadilla es lo que llevan arrastrando seis familias de la Secuita. Su mundo se derrumbó cuando se enteraron de que estaban siendo víctimas de una estafa inmobiliaria y que, a pesar de que pagaban religiosamente el alquiler, había una orden de desahucio inmediato sobre sus viviendas. El edificio donde viven las familias pasó a ser propiedad de la Sareb porque el propietario dejó de pagar las hipotecas. Los afectados no lo sabían y seguían abonando el alquiler al administrador de fincas. Cuando se dieron cuenta de lo que pasó, también descubrieron que los contratos de alquiler nunca habían sido inscritos en la Cámara de la Propiedad Urbana. La jueza ya ha emitido la orden de desahucio hasta tres veces, pero los vecinos han conseguido paralizarlo siempre. Las familias afectadas hace meses que buscan una alternativa habitacional asequible. Pero no hay manera. Los alquileres en la zona son muy altos y temen tener que abandonar la Secuita. «Son personas con hijos, muy arraigadas al pueblo. No nos podemos permitir perderlos», explica el alcalde del municipio, Eudald Roca. Vecinos y Ayuntamiento luchan codo a codo para que la Sareb reaccione y les dé una solución.
El calvario para estas familias comenzó en octubre de 2020, cuando les devolvieron un recibo del alquiler, y el administrador de fincas les dijo que ingresaran el dinero en otra cuenta. Empezó a investigar, y fue entonces cuando supo que el edificio era propiedad de la Sareb y que les estaban estafando.
Menos suerte corrió otra vecina, Georgina Tomás, que continuó pagando el alquiler, e incluso por adelantado.
Los dos bloques afectados fueron construidos y comercializados hace años por una promotora. Algunos de los pisos fueron vendidos a particulares y doce se pusieron de alquiler. Las familias cumplían a rajatabla con todos los gastos, pero la empresa propietaria dejó de pagar las hipotecas. Finalmente, los edificios fueron adjudicados a la Sareb por impago. Al principio, las familias afectadas eran 12, pero algunas, al iniciarse toda esta pesadilla, decidieron abandonar e irse a casa de familiares.
Hace aproximadamente un año, la jueza emitía una orden de desahucio y les daba tres meses a los afectados para abandonar su casa. Ante esta indefensión, los vecinos fueron al Ayuntamiento. El consistorio se puso en contacto con Altamira –una de las comercializadoras de la Sareb–, para hacer una propuesta de compra para que los vecinos no tuvieran que marcharse de sus domicilios. No les contestaron.
Finalmente, se consiguió otra prórroga con la excusa de la negociación. Después de un largo periplo de llamadas y de correos, el Ayuntamiento se reúne con la Sareb, que vuelve a pedir la documentación de los afectados. La propuesta de los vecinos y del consistorio es comprar las viviendas al 70% del precio del valor de mercado. «La Sareb se niega porque dice que las tienen que vender al máximo precio», explica el alcalde, que añade que «lo sorprendente es que tampoco les dan una alternativa».
A todo esto, la tercera fecha de desahucio se acercaba. Era mañana, pero los vecinos –otra vez– han conseguido pararlo.
Las familias afectadas también han pensado en marcharse y empezar de nuevo en otro municipio. Pero no hay alquileres asequibles a 20 kilómetros a la redonda. Lo más barato son 800 euros.
Lo peor de todo, explican las afectadas, es que hay vecinos que les juzgan. Sufren ansiedad y se tienen que medicar para poder dormir. Su vida se ha visto truncada totalmente sin comerlo ni beberlo. Ayuntamiento y afectados piden que la Sareb les proponga una solución, ya sea en forma de alquiler o de compra.
