El Pleno municipal de Vilanova i la Geltrú ha aprobado esta tarde el impulso de una consulta pública ciudadana para regular la instalación de pérgolas en edificios privados. Tal y como ha expuesto el concejal de Urbanismo y Vivienda, Xavier Serra, ya existe una regulación sobre este tipo de estructuras en el ámbito público, pero la carencia en el ámbito privado genera incertidumbres entre comunidades de vecinos.
Por este motivo, ha argumentado, se quiere dar a conocer a la ciudadanía afectada por estas situaciones la posibilidad de decir la suya, ya que las aportaciones recogidas se tendrán en cuenta en la redacción de una nueva ordenanza reguladora. Próximamente se habilitará en el portal #VNGparticipa el cuestionario de la consulta, tal y como es habitual con las nuevas ordenanzas y reglamentos.
El objetivo de esta iniciativa es favorecer el uso de elementos que protejan de la radiación solar, generando zonas de sombra mediante materiales textiles o elementos vegetales, pero a la vez de una forma reglada, equilibrada y coherente con el paisaje urbano.
En esta sesión plenaria se ha actualizado la cifra del padrón municipal de habitantes, que asciende a 69.067. Por otra parte, el Consistorio ha dado luz verde a la modificación de varias ordenanzas, bien para actualizar su redactado o para prever cambios en algunos precios públicos y tarifas. Es el caso de la tarifa del suministro de agua, que se subirá un 2% en cuanto al alcantarillado y un 2,5% a la tarifa doméstica, a excepción de las familias en situación de vulnerabilidad, que no sufrirán ningún aumento.
Los motivos de estos incrementos son la subida del 300% del coste de suministros el último año, la previsión de que los gastos de mantenimiento se suban un 34% y la obligatoriedad de tener que hacer frente a un aumento del 1,5% de los salarios del personal, con efectos retroactivos, tal y como dicta la legislación estatal.
La Compañía de Aguas calcula la necesidad de aumentar los precios para poder hacer frente a las inversiones previstas este año, entre ellas la conexión prevista entre las redes del Fondo Somella y Santa Maria, para garantizar el servicio a los barrios del Prat de Vilanova y de Santa Maria.
También se ha incluido en estas modificaciones una adecuación de los precios de los stands de la Feria de Noviembre, que no se tocaban desde hacía años. Ante el aumento de costes de proveedores, se plantea un incremento de precios, pero manteniendo una bonificación del 40% para los establecimientos locales asociados a las entidades que componen el Clúster de actividad económica de Vilanova i la Geltrú (Asociación Viu Comerç, Gremio de Hostelería de Vilanova i la Geltrú y Asociación Estación Náutica).
Por otra parte, en este pleno municipal se ha acordado la separación del cargo de un trabajador municipal, al haber recogido indicios de que es autor de una infracción muy grave. La separación del cargo implicará la pérdida de la condición de funcionario público de esta persona, que se habría apropiado indebidamente de cantidades de dinero que los arrendatarios ingresaban en concepto de fianza en la bolsa de alquiler de viviendas.
Pleno extraordinario de la Defensora
Antes de la sesión ordinaria del Pleno, la Defensora de la Ciudadanía de Vilanova i la Geltrú, Núria Plana, ha presentado al conjunto del Consistorio la memoria de actividad del ejercicio 2022. Plana ha reclamado a la administración local la necesidad de mejorar la velocidad de respuesta de las demandas de la ciudadanía, ya que ésta es una de las quejas más reiteradas por parte de los usuarios y usuarias.
Entre las quejas y consultas recibidas, la Defensora ha destacado temas como el alumbrado o la ocupación del espacio público, pero también ha apuntado una disminución de las quejas sobre basura y limpieza viaria. Núria Plana ha recomendado mejorar la difusión en aspectos de interés cotidiano para la ciudadanía, como las condiciones para acceder a subvenciones. “Aunque actualmente tenemos más medios, es más difícil llegar al ciudadano”, ha manifestado. Todo el Consistorio ha agradecido la tarea de la Defensora, que ha prorrogado su mandato, establecido en cinco años, a la espera de que se termine el reglamento para elegir a su sucesor o sucesora.
El acceso a la vivienda, en el Pleno
El derecho a acceder a la vivienda ha estado en el centro de las mociones en este pleno municipal, con dos propuestas presentadas por los grupos de la CUP y Som VNG. La primera, con el apoyo de todos los grupos excepto la abstención de C's, ha denunciado la situación de los inquilinos de un bloque de Caixa Bank situado en la rambla de Sant Jordi.
La moción ha contado con la intervención de Laura Almirall como representante del Sindicato de Inquilinas, quien ha expuesto que la entidad ha suspendido su programa de vivienda asequible vinculado a la Obra Social La Caixa y traspasado la propiedad a una filial. El banco aprovecha el cambio para provocar la salida de los inquilinos, impidiendo la renovación de los contratos o subiendo los precios, según ha relatado Almirall.
El acuerdo ha recogido el compromiso municipal de mediar en las negociaciones con el banco para resolver la situación de las inquilinas y que esto no se pueda repetir en futuras promociones de vivienda protegida. La concejala de Som VNG, Ester Franco, ha declarado que “la función social de las promociones de vivienda no se debe perder nunca”, mientras que por parte de la CUP, Arnau Garcia ha afirmado que Caixa Bank “nos debe a todos el equivalente al presupuesto de la Generalitat en salud y derechos sociales”.
En nombre del gobierno, el concejal Xavier Serra ha manifestado que “no podemos permitir que las inquilinas estén sometidas a las decisiones de grandes empresas que han obtenido subvenciones de fondos públicos” y ha afirmado que se seguirá trabajando en ampliar el parque público de vivienda y en la elaboración del censo de pisos vacíos.
Por parte del PSC, Juan Luís Ruiz ha reclamado “una respuesta inmediata para los inquilinos e inquilinas de este bloque”, y ha sugerido que las entidades municipalistas promuevan una línea de actuación común, ya que “esta situación se reproduce en otras poblaciones”. En nombre de C's, Erika Quintero ha expresado el deseo de que las negociaciones del gobierno municipal “lleguen a buen puerto”, pero ha justificado la abstención argumentando que “no se puede reprobar a una empresa”.
La otra moción sobre vivienda ha propuesto modificar el POUM para que se destine el 30% de las nuevas promociones en suelo consolidado a vivienda de protección oficial en régimen de alquiler. El texto se ha aprobado con el apoyo de los grupos que lo han presentado y PSC, el voto contrario de C's y la abstención de los grupos del gobierno. Una tercera moción, presentada por C's para adquirir radares de ruido fijos y móviles, ha decaído.
