El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú es uno de los municipios que se han mostrado decididos a hacer frente a las demandas de la compañía eléctrica Endesa, quien a principios de agosto reclamó por carta a los ayuntamientos catalanes el pago de la mitad de la deuda generada por las personas en situación de vulnerabilidad, bajo la amenaza de cortarles el suministro el próximo 1 de octubre.
La alcaldesa de la ciudad, Olga Arnau, asistió ayer miércoles a un primer encuentro conjunto de ayuntamientos y la Diputación de Barcelona con el objetivo de trabajar por una respuesta conjunta de los municipios contra la amenaza de Endesa, de cortar la luz a los hogares vulnerables y hacer frente a la pobreza energética.
Hoy, tal y como ya avanzó la semana pasada la concejala de Acción Social, Marta Guinda, han asistido al encuentro convocado por el Ayuntamiento de Terrassa y la entidad Alianza contra la Pobreza Energética, a la que han asistido unos cincuenta de municipios afectados, con el fin de escenificar y reafirmar el compromiso inequívoco con la lucha para garantizar los derechos básicos para una vida digna, como los de la energía y la vivienda.
La alcaldesa Olga Arnau ha explicado que "en Terrassa nos hemos reunido para manifestar la unidad de los municipios contra la amenaza, pero lo más importante es que salgamos con una unidad de acción. Las personas van por delante de todo, porque no se trata de pobreza energética, es derecho energético, y haremos cumplir la ley de nuestro país."
Durante el encuentro de hoy, alcaldesas y alcaldes han firmado un documento conjunto de siete puntos, en el que anuncian que no permitirán la amenaza de privar un derecho básico a las personas más vulnerables, y que aquellas empresas que se lucran con servicios elementales como la luz, el agua o el gas asuman el cumplimiento de la legalidad vigente en Cataluña, que protege los derechos energéticos de las personas en situación de vulnerabilidad. El documento también insta a todas las administraciones competentes a utilizar las vías sancionadoras de manera contundente a las empresas que realicen cortes en los hogares protegidos por la Ley 24/2015, y exigen la condonación de la deuda acumulada y la eliminación de los expedientes y listados de morosidad de estas personas.
El texto también recoge la voluntad de los ayuntamientos de colaborar en la gestión de la deuda, siempre que sea en el marco de un convenio firmado por las empresas eléctricas y las administraciones públicas catalanas, donde queden garantizados los fondos previstos por la Ley, y valoran positivamente la aceptación por parte de Endesa y otras compañías de asumir el coste de la deuda, a partir de ahora, tal y como han expresado recientemente de forma pública.
Por último, instan al Gobierno de la Generalitat a liderar políticamente la defensa de los derechos energéticos, especialmente de la ciudadanía más vulnerable, trabajando de manera transversal con diferentes Consejerías para hacer cumplir la ley, impulsando la coordinación de las diferentes administraciones públicas, haciendo de paraguas en las negociaciones con las compañías y facilitando recursos para la gestión del pago de la deuda.
Los firmantes del documento proponen que se presenten mociones en los Plenos Municipales de todos los ayuntamientos, en la defensa de los derechos y la dignidad de la gente, el cumplimiento de la Ley 24/2015 y contra los cortes de suministro de los servicios básicos.
