Después de la ruptura del gobierno sociovergente en Vilanova i la Geltrú se abrió un proceso de negociación entre las diferentes fuerzas políticas que están en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. La CUP tomó la iniciativa y presentó un documento de trabajo con el cual exponía su planteamiento: la formación de un nuevo gobierno con nuevas mayorías debía plasmarse en políticas diferentes, orientadas a la izquierda, y también en una nueva distribución de responsabilidades dentro del gobierno. Esto quería decir dejar de lado el Plan de Actuación Municipal (PAM) acordado entre CiU y PSC al principio de mandato y marcar unas prioridades en base a los meses que restan hasta las próximas elecciones con el fin de ser realistas en su aplicación. Desde un primer momento la intención de la CUP era hacer entender que si entraba en un eventual gobierno no sería para sumar cargos electos y hacer seguidismo de las políticas de los últimos años sino para cambiar e impulsar un nuevo proyecto de gobierno en la ciudad, hacer visible un viraje en las políticas municipales. De aquí nació una propuesta política que no se contentaba únicamente con el bastón de la alcaldía, sino en poner sobre la mesa que el grupo municipal de la CUP sería la formación con más concejales en el gobierno y, por lo tanto, la alcaldía debería haber recaído en alguno de los representantes de la CUP. La diferencia de puntos de vista entre la CUP y PDeCAT al plantear la crisis de gobierno creada ha imposibilitado que se fuera más allá de la cuestión de las moratorias. El hecho de mantener el rumbo sociovergente por parte del PDeCAT ha impedido el entendimiento.
La CUP de Vilanova descarta la posibilidad de un pacto de gobierno con PDeCAT
13 de mayo de 2020 a las 14:15h
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