Tal como decíamos en la primera parte de este artículo, los datos de los últimos diecisiete años son abrumadores. La inmensa mayoría de promociones de vivienda vienen del sector privado, y las públicas son casi una anécdota. Las prácticas especulativas del sector privado, tienen una característica principal y es la divergencia notoria entre la oferta y la demanda. Mientras los picos de demanda por precio se sitúan en unos 600-800 euros al mes, los picos de oferta se sitúan en más de 1.300€ al mes, según un estudio del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, publicado en febrero de este mismo año.
Las instituciones públicas tienen la obligación de garantizar y velar por el acceso a la vivienda, y tienen herramientas para poder hacerlo. En la línea de poner los instrumentos legales a disposición de la ciudadanía, el artículo 17.3 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de derecho a la vivienda dice que: "La calificación urbanística de suelo que efectúe el planeamiento general puede establecer que la edificación de uso residencial se destine total o parcialmente a vivienda con protección oficial, tanto en el caso de nuevas construcciones como en el de gran rehabilitación de los edificios existentes" y en legislación catalana, el Texto refundido de la Ley de urbanismo, y el artículo 17 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda prevén que el mecanismo para llevar a cabo esta regulación son los planes urbanísticos, y ya contemplan la obligación de destinar el 20% como mínimo del techo calificado para el uso residencial de nueva implantación a vivienda con protección oficial.
Esta ha sido la base para que en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona se aprobara una moción presentada por movimientos sociales donde se proponía, entre otros, la destinación del 30% de los techos de los edificios de nueva construcción y los sometidos a rehabilitación integral a viviendas de protección oficial.
El acceso a la vivienda es el acceso a vivir en nuestra ciudad, es la posibilidad de crear y enriquecer el tejido social de barrio y el ayuntamiento no se lo está poniendo fácil a los vilanovinos y vilanovinas, no solo con el déficit histórico en vivienda social, sino en emprender de manera valiente acciones que hagan de contrapeso a la burbuja inmobiliaria, a los desahucios por impagos hipotecarios y a los cada vez más habituales desahucios invisibles, aquellos que lo son por abusos de alquiler sin necesidad de pasar por los juzgados. Estamos viendo cómo muchas veces son los diferentes movimientos sociales los únicos con capacidad de respuesta para dar alternativas o cómo los casos de ocupaciones precarias se disparan en nuestra ciudad mientras la banca mantiene pisos vacíos a la espera de hacer negocio en un futuro. Por eso es necesario que seamos valientes, todas. Implicar a las instituciones y a los promotores inmobiliarios para aumentar el parque público de vivienda necesitará de un gran músculo en la sociedad civil, no será suficiente solo con presentar mociones al pleno. Asociaciones vecinales, tercer sector, sindicatos y movimientos sociales son imprescindibles para construir una coalición vecinal robusta que mantenga el pulso a lobbies.
Al fin y al cabo, no estamos pidiendo nada más que aquello que es totalmente habitual en otros países de nuestro entorno, es simplemente que los recursos públicos y la política tengan perspectiva humana en lugar de mercantilista, es que nuestra ciudad esté ahí para cuidarnos.
