El Pleno ordinario de octubre debatió y aprobó entre otros, modificaciones presupuestarias por valor de 6 millones de euros, así como también cuestiones de índole urbanística como el texto refundido para desarrollar Masia en Barreres I y II. Este punto hacía referencia a las condiciones expresadas por la Comisión de Urbanismo de Barcelona para que posteriormente la Comisión de Urbanismo de Cataluña dé el visto bueno a la aprobación definitiva, trámite que se prevé pueda hacer la Consejería de Territorio y Sostenibilidad antes de finales de año. Además, también se acordó el nombramiento de los representados del Consistorio vilanovés al Consejo General del Eixample Norte.
En cuanto al capítulo de mociones, el Consistorio aprobó por unanimidad la moción para un nuevo estudio de análisis y diagnosis de la vivienda y un nuevo Plan Local de la Vivienda, presentada por el grupo municipal Som VNG. El concejal Enver Aznar expuso que "la situación de emergencia habitacional requiere acelerar las actuaciones del Ayuntamiento en este sentido". En nombre del gobierno municipal, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Xavier Serra admitió que el Plan Local de Vivienda está pendiente de actualización y se comprometió a dotarlo de recursos.
El punto más debatido ayer en el Pleno fue la moción de rechazo al proyecto de Ley de contratos de servicios a las personas, la llamada Ley Aragonés, que presentó el grupo municipal Som VNG a propuesta de la Asamblea de Derechos Sociales del Garraf. En nombre de la asamblea, Xavier Castelló expuso el rechazo a esta ley, al considerar que favorece la privatización de servicios públicos.
En la misma línea, la concejala Ester Franco, de Som VNG, manifestó que con el proyecto de ley los servicios públicos "pasan a ser un negocio" y que "ninguna institución puede librarse de atender los derechos a la ciudadanía". En nombre de Ciudadanos, Antoni Medialdea expuso que el problema no es la privatización de servicios, "sino que las empresas suministradoras quieren tener más beneficios a costa de sus trabajadores" y en este sentido instó a las instituciones a controlar estas situaciones.
Desde Capgirem VNG-CUP, Marta Guinda reprochó que la Ley Aragonés "se ha trabajado de espaldas a la ciudadanía" y que "claramente hará que servicios como la sanidad, los servicios sociales, los comedores escolares o la geriatría sean privatizados". La concejala se mostró partidaria de que se promueva una iniciativa legislativa popular que blinde los servicios necesarios para desarrollar una vida digna.
Por parte de Junts per Catalunya, Blanca Albà expresó la coincidencia de posicionamientos con la CUP respecto de los puntos de la moción que implican a la administración local. No obstante, defendió la Ley Aragonés "porque regula una serie de contratos que hasta ahora no tenían legislación específica. Privatizar también se puede hacer ahora, pero en cambio este proyecto de ley facilita que se puedan presentar empresas pequeñas", afirmó.
Por su parte, el grupo municipal de ERC había pedido dejar sobre la mesa la moción para debatirla más profundamente. El concejal Jordi Medina afirmó la abstención entre los puntos 3 y 12 "para que tenga prosperidad la moción y poder trabajar conjuntamente, ya que estamos a favor de la internalización de los servicios públicos". No obstante, se mostró contrario a los puntos 1 y 2, al considerar positiva la Ley Aragonés "porque tiene el objetivo de regularizar contratos poniendo por delante la calidad y la excelencia, no el precio".
Desde el grupo municipal del PSC, Gisela Vargas manifestó las críticas de su grupo parlamentario al contenido del proyecto de ley. "Es mejorable, debería incorporar más criterios de sostenibilidad y no garantiza los principios de transparencia e igualdad de condiciones en la selección", afirmó. Asimismo, admitió que "con la ley vigente, si una administración quiere externalizar un servicio, ya lo puede hacer". En el apartado de votaciones se procedió a votar separadamente los puntos 1 y 2, con el siguiente resultado: grupos municipales de ERC, Junts per Catalunya y Ciudadanos, en contra. A favor, grupos municipales de la CUP y Som VNG, mientras que el PSC se abstuvo. En cuanto a los puntos del 3 al 12, votaron en contra el grupo municipal de Ciudadanos; se abstuvieron los grupos municipales de ERC, Junts per Catalunya, la CUP y el PSC, mientras que a favor votó Som VNG. La moción, pues, decayó.
Por otra parte, también recibió el apoyo unánime de los grupos la moción presentada por PSC y Capgirem VNG-CUP sobre la emergencia climática, que contiene el compromiso para trabajar en el logro de los objetivos recogidos en el Plan (PAES) aprobado el pasado mes de mayo. En cambio, decayó la moción del PSC por la creación de las Concejalías de barrio, por los votos contrarios del gobierno municipal que alegó que se está trabajando en una propuesta más transversal de participación, "con la implicación de los agentes sociales de la ciudad".
La situación política del país también tuvo presencia en el Pleno, con una moción de Ciudadanos "de condena de la violencia y el terrorismo en democracia", que decayó; en cambio, sí prosperó la moción "para la no criminalización del independentismo" propuesta por JxCat y ERC.
