Una decena de alcaldes y alcaldesas, junto con otros representantes de los municipios que forman parte del Arco Metropolitano de Barcelona, entre los que destaca el teniente de alcalde de Seguridad y Convivencia de Vilafranca del Penedès, Ramon Zaballa, se desplazaron este miércoles 11 de febrero hasta Madrid. El objetivo fue reunirse con diversos diputados y diputadas para manifestar su apoyo a una nueva normativa y poner sobre la mesa la necesidad, reivindicada durante tiempo por el mundo local, de introducir reformas legislativas que permitan afrontar con más eficacia la problemática de la reincidencia en actos delictivos.
Reformas clave en el tratamiento de los hurtos reiterados
Esta nueva regulación establece que los hurtos dejarán de ser considerados como incidentes puntuales cuando se produzcan casos repetidos, pudiendo implicar penas privativas de libertad de entre uno y tres años. Además, incorpora medidas para que los ayuntamientos puedan alertar a la Fiscalía y actuar como acusación particular en estos procesos. También se incluye el acceso directo por parte de las policías locales a la información judicial centralizada, lo que facilitará una actuación conjunta más coordinada y efectiva.
Impacto local y percepción ciudadana
Desde el conjunto de los municipios integrados en el Arco Metropolitano se considera que la pequeña delincuencia relacionada con hurtos repetidos ha provocado inquietud y aumentado la sensación de inseguridad en determinadas zonas urbanas. Esta situación a menudo se ha visto agravada por vacíos legales que dificultaban una respuesta penal adecuada ante estos hechos. Sin embargo, los gobiernos locales remarcan que sus ciudades continúan siendo espacios seguros y con un alto nivel de calidad de vida, aunque reconocen que hay que encarar con firmeza los retos vinculados a la seguridad pública y a la convivencia social.
La nueva ley significa un "avance imprescindible para muchos municipios"
La alcaldesa de Rubí y presidenta de la Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, Ana María Martínez, declaró: "La aprobación de esta ley representa un avance imprescindible para dar respuesta a una realidad que hace mucho tiempo denunciamos desde los ayuntamientos".
Además, Martínez subrayó: "Esta norma nos proporciona nuevas herramientas para combatir la multirreincidencia y refuerza tanto las capacidades de actuación municipal como las políticas locales". En relación con el derecho ciudadano fundamental sobre seguridad añadió: "La seguridad es un derecho de los vecinos y vecinas, así como una prioridad para los gobiernos locales porque constituye el fundamento para garantizar convivencia, cohesión social y calidad de vida en nuestros barrios".
Ramon Zabala: "Necesitábamos esta reforma penal así como un refuerzo judicial para que ofrezca herramientas al trabajo diario de los cuerpos policiales"
Por otro lado, Ramon Zaballa, representante municipal vilafranquino, expresó satisfacción ante la aprobación legislativa: "Esta iniciativa se suma a todas las acciones impulsadas desde nuestro Ayuntamiento —como la ampliación de los efectivos policiales locales, las tareas preventivas desarrolladas por los agentes cívicos y serenos o la instalación adicional de cámaras videovigilancia— necesitábamos esta reforma penal así como un refuerzo judicial para que ofrezca herramientas al trabajo diario de los cuerpos policiales como son los Mossos d’Esquadra o la Policia Local".
Zaballa también quiso reconocer explícitamente "el apoyo mayoritario recibido por parte de los diferentes grupos parlamentarios que han facilitado esta aprobación".
La Asociación pide consolidar el marco legal
La Associació de Municipis de l’Arc Metropolità insisteix que és necessari disposar d’un marc normatiu robust que recolzi decididament l’acció municipal en matèria de seguretat pública. En aquest sentit valoren positivament que aquesta proposició legislativa vagi encaminada a satisfer aquestes demandes històriques plantejades des del territori.
