El Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès asumirá la gestión directa de las plazas de aparcamiento reguladas con zona azul a partir de enero de 2027. El gobierno municipal del PSC ha pactado esta municipalización con la CUP en el marco del acuerdo de presupuestos que las dos formaciones firmaron meses atrás.
La medida afectará el servicio de estacionamiento regulado de la ciudad e incluirá la subrogación de los ocho trabajadores que actualmente forman parte de la empresa adjudicataria, Continental Parking. El contrato vigente, firmado en 2023, no se podrá prorrogar más allá de 2027.
Un cambio reclamado desde hace veinte años
La CUP ha celebrado el acuerdo y ha recordado que hace dos décadas que reclama internalizar la zona azul. Según la formación, la gestión directa permitirá controlar mejor las condiciones laborales, fijar precios más justos y mejorar el control sobre el servicio.
La concejala cupaire Marta Soler ha remarcado que el actual contexto político, con un gobierno socialista en minoría, ha facilitado finalmente el entendimiento. “Bienvenida sea la casuística electoral que ha facilitado el entendimiento, por fin, con el PSC”, ha afirmado.
Por su parte, el concejal de Espacio Público y portavoz del PSC, Miquel Medialdea, ha defendido el acuerdo y ha destacado que el pleno municipal ha avalado formalizar el proceso para “seguir estudiando y planificando adecuadamente el nuevo modelo de gestión”.
El debate de las tarifas, sobre la mesa
La municipalización llega después de que una comisión municipal de estudio haya concluido este mes de mayo que es viable económicamente gestionar la zona azul directamente desde el Ayuntamiento.
Ahora, la CUP quiere que el siguiente paso sea revisar las tarifas de las cerca de 600 plazas de estacionamiento regulado que hay en Vilafranca, sumando zonas azules y naranjas. La formación defiende potenciar los aparcamientos disuasorios a precio simbólico, siguiendo modelos como los de Vilanova i la Geltrú o Reus, con tarifas bajas para aparcar muchas horas fuera del centro.
Soler considera que, con la gestión pública directa, desaparece “el afán recaudatorio” de las empresas concesionarias y se abre la puerta a aplicar precios más económicos. El gobierno municipal ha admitido que “siempre se pueden revisar las tarifas” y ha dejado abierta una futura negociación con la CUP.
Primer paso hacia una empresa pública de servicios
La municipalización de la zona azul también se plantea como el primer paso hacia la creación de una futura empresa municipal de servicios. Paralelamente, el consistorio ha estudiado la posibilidad de internalizar el albergue municipal, pero en este caso el informe lo ha desaconsejado porque resultaría deficitario.
Los próximos estudios se centrarán en el parque público de vivienda y en el control técnico de los semáforos y la iluminación. La CUP también pide analizar si es viable municipalizar el Servicio de Atención Domiciliaria y el Complejo Acuático.
La voluntad final es constituir una gran empresa pública que integre diversos servicios municipales. Hasta que esto no ocurra, los ocho trabajadores de la zona azul pasarán a depender directamente del Ayuntamiento, con el compromiso del gobierno de que serán subrogados sin perder ningún derecho laboral.