Impulsar la titularidad, la propiedad y la gestión públicas de las redes de distribución de energía eléctrica; desarrollar acciones para promover una transición energética hacia un modelo energético que sea justo, democrático y sostenible, así como asesorar a los municipios que tengan estos mismos intereses. Estos son los principales objetivos de la nueva Asociación de Municipios y Entidades por la Energía Pública (AMEP).
Los representantes de 74 municipios y 4 entidades participaron en el acto de constitución celebrado ayer martes a través de una plataforma virtual. El Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès forma parte de la asociación y en el acto de constitución participó la concejala de Medio Ambiente, Lourdes Sànchez. En el transcurso del acto se ha constituido la Asociación, se han aprobado los Estatutos, se han designado los municipios y entidades que ocuparán los cargos y los vocales que también forman parte de la Comisión Ejecutiva. También se ha acordado iniciar los trámites necesarios para inscribir la AMEP en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya.
Finalizado este primer acto de constitución, se constituyó la Asamblea General y se aprobaron el Plan de actuación, el presupuesto y las cuotas ordinarias para el año 2021, y la adhesión de la Red de Pueblos y Ciudades para la sostenibilidad como miembro colaborador de la AMEP.
La presidencia de la AMEP en esta primera etapa corresponde al Ayuntamiento de Terrassa.
Finalidades de la AMEP
La concejala de Medio Ambiente, Lourdes Sànchez, ha explicado algunas de las finalidades de la AMEP como son "difundir y promover la titularidad, la propiedad y la gestión públicas de las redes de distribución de energía eléctrica y apoyar a los municipios que quieran encaminarse hacia este objetivo, además de desarrollar acciones para impulsar una transición hacia un modelo energético justo, democrático y sostenible".
Entre las líneas estratégicas definidas en el plan de actuación de la asociación, explicaba Sànchez, se encuentra la difusión de la AMEP entre la ciudadanía, los agentes sociales económicos y las administraciones para "generar un debate público sobre la transición energética y, en particular, sobre la regulación, la titularidad y la gestión de la red de distribución de la electricidad".
