La Asociación de Municipios del Arco Metropolitano de Barcelona, del cual forma parte Vilafranca del Penedès, espera que la aprobación en el Parlamento de Cataluña de la proposición de ley de medidas urgentes frente a la inactividad de la propiedad en caso de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal facilite la actuación municipal en casos de ocupaciones conflictivas.
La ley obliga a los propietarios de inmuebles ocupados, normalmente grandes tenedores, a iniciar los procesos de desahucio cuando estos generen una alteración de la convivencia, del orden público o pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble.
En caso de inacción de la propiedad después de ser requeridos por el ayuntamiento, este, como administración competente, estará legitimado para iniciar el procedimiento de desalojo del inmueble ocupado. En este caso, la propiedad deberá responder de los costes generados por el procedimiento así como hacerse cargo de las posibles sanciones.
Esta proposición de ley va en línea con la propuesta de resolución de la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano de Barcelona, que ha reclamado insistentemente a las administraciones competentes más herramientas para poder actuar en casos de ocupaciones ilegales y conflictivas que ponen en peligro la convivencia.
