Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior indican que el 42% de las ocupaciones en el conjunto del Estado se registran en Cataluña, lo que la sitúa como el territorio con más ocupaciones ilegales. De estas, el 74% están en la demarcación de Barcelona. Recientemente, los nueve municipios que forman la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano reclamaban medidas al Estado y la Generalitat ante el preocupante aumento del problema y denunciaban que cada vez es más habitual que las ocupaciones estén ligadas a auténticas mafias.
En rueda de prensa, celebrada esta mañana el alcalde de Vilafranca, Pere Regull, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Joan Manel Montfort, han recordado que Vilafranca es uno de los 9 municipios que forman parte de esta asociación y que, desde hace tiempo, aplica diferentes medidas para luchar contra este problema social.
Joan Manel Montfort ha explicado que “desgraciadamente en Vilafranca no estamos exentos de esta problemática. Somos conscientes de la preocupación ciudadana por esta cuestión debido a las graves consecuencias que sufren los vecinos afectados por una ocupación conflictiva. Calculamos que unas 3.000 personas en Vilafranca sufren estas consecuencias”.
Por este motivo, explicaba Montfort, el Ayuntamiento de Vilafranca ha puesto en práctica la consigna “tolerancia cero” y dispone desde hace años más de 5 años de un equipo multidisciplinario, formado por miembros de la Policía Local, Convivencia y Ciudadanía, Urbanismo, Servicios Sociales y Vivienda, que trabaja para evitar o combatir este tipo de ocupaciones. “Somos un ayuntamiento de referente en Cataluña y otros ayuntamientos nos preguntan cómo lo hacemos”, ha afirmado.
Montfort ha detallado que “las ocupaciones conflictivas son aquellas que ocasionan perjuicios y graves problemas al vecindario”. Entre estas problemáticas se encuentran casos de robos, intimidaciones o amenazas al vecindario, pinchazo ilegal a los suministros de la comunidad, problemas de ruido, de falta de limpieza o, incluso, de tráfico de drogas y de refugio temporal de delincuentes.
Plan antiocupaciones
La lucha contra esta práctica delictiva tiene dos objetivos. El primero es “salvaguardar al vecindario de Vilafranca, que todo el mundo pueda vivir con tranquilidad en su casa” y, segundo, “dificultar al máximo que este tipo de mafias se puedan instaurar en nuestra ciudad. Cuanto más difícil lo tengan, mejor”.
El plan antiocupaciones conflictivas del Ayuntamiento de Vilafranca contempla una combinación de medidas policiales, jurídicas, de mediación y de recurso social, a menudo en colaboración con los propietarios legítimos del inmueble ocupado. En los últimos 6 meses, este plan ha permitido la desocupación de 15 inmuebles, en prácticamente todos los barrios de la ciudad, y ha contribuido de forma muy importante a preservar la seguridad ciudadana y el civismo.
Entre las ocupaciones conflictivas que ha resuelto el Ayuntamiento, se encuentra el caso de una nave en el Molí d’en Rovira que funcionaba como almacén de objetos robados o el de una nave industrial donde había una gran plantación de marihuana.
Montfort ha dicho que anualmente el Ayuntamiento trata unos 100 inmuebles ocupados de los cuales unos 50 se pueden resolver. “Hay casos de pisos que llevan más de 10 años ocupados con el vecindario sufriendo las consecuencias. De las experiencias más tristes que he tenido que sufrir como concejal es atender a estas personas que sufren a diario esta situación”, ha confesado.
El concejal de Seguridad Ciudadana ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que “llamen a la Policía Local cuando sospechen que se está ocupando un piso. Esto nos permite actuar de inmediato y evitar males mayores”.
Reclamación de un cambio legislativo
Por su parte, el alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha querido diferenciar la ocupación social de viviendas por parte de personas con necesidades residenciales de las ocupaciones conflictivas y delincuenciales. “En el primer caso, los ayuntamientos intentamos dar salida desde los Servicios Sociales, pero está claro que no tenemos suficiente dotación de vivienda para poder hacer frente. Parece que ahora la Generalitat y el Estado se quieren poner las pilas. Durante muchos años no se han hecho los deberes y, desengañémonos, los pisos que se planifican ahora no estarán hechos hasta dentro de tres años por mucha publicidad que se haga”, ha dicho.
El alcalde apuntaba que la única solución inmediata a la falta de pisos de alquiler sería que la mayoría de propietarios de pisos vacíos los pusieran en el mercado. “Con más oferta los precios de los alquileres bajarían. Pero no los pondrán en alquiler si no se les da seguridad jurídica, como puede ser que recuperarán rápidamente el piso en caso de impago”, explicaba Regull.
En cuanto a las ocupaciones conflictivas, el alcalde se ha mostrado contundente afirmando que la inseguridad en Cataluña ha aumentado y “no se le está dando la respuesta que requiere. Los delincuentes saben que si son detenidos no les pasará nada. No hay consecuencias para los delincuentes reincidentes y multireincidentes. La policía efectúa detenciones de las mismas personas semana tras semana, entran por una puerta del juzgado y salen por la otra. Esto crea alarma social y sentimiento de indefensión de los ciudadanos. Hacen falta cambios legislativos para reprimir estas prácticas y acelerar las resoluciones de los tribunales para erradicarlas. Los poderes legislativos deben hacer su trabajo. Los ayuntamientos no podemos legislar y somos los que recibimos las consecuencias”.
El alcalde no ha ahorrado críticas a otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona o la misma Generalitat por sus políticas hacia la atracción de personas sin posibilidad de salida social. “Hay un dato objetivo: tenemos más del 40% de las ocupaciones del estado, por algo será. Se ha dado la imagen de que Barcelona y Cataluña somos país de acogida para todos, pero después no tenemos capacidad para posibilitar el ascenso social de muchas de estas personas. Está claro que necesitamos la inmigración para sacar adelante el país, pero, como se hace en muchos países, se debe prever cuántas personas podrán tener acceder a puestos de trabajo para llevar una vida digna e intentar que no vengan más personas. La llegada de muchas personas sin posibilidad de escalada social puede tensionar gravemente un sistema que ya va muy justo para abordar las necesidades más fundamentales del estado de bienestar” ha concluido Pere Regull.
