La Fiscalía de Medio Ambiente ha archivado la denuncia presentada contra las obras del Agroparc que Ametller Origen está construyendo en Gelida, en el Alt Penedès. El ministerio público concluye que no hay indicios de delito contra el medio ambiente en el desarrollo del proyecto.
La denuncia había sido impulsada por StopAgroparc y el Colectivo Ecologista Bosc Verd, que advertían que la construcción del macrorecinto podía poner en riesgo el águila cuabarrada, una especie protegida presente en el entorno afectado.
Ametller Origen ha valorado “positivamente” la decisión de la Fiscalía y defiende que el archivo confirma que las obras se están ejecutando de acuerdo con la normativa, las autorizaciones y las resoluciones judiciales vigentes.
El proyecto continuará adelante
En un comunicado, la compañía agroalimentaria asegura que mantiene el compromiso de continuar impulsando el Agroparc con “el máximo rigor ambiental y jurídico”. También afirma que continuará colaborando con las administraciones y los organismos competentes para garantizar la protección del entorno y la biodiversidad.
El proyecto ya había quedado parcialmente frenado el verano pasado, cuando el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Barcelona detuvo una parte del inicio de las obras hasta que se acreditara que las dos águilas cuabarradas existentes en la zona podían desplazarse hacia un nuevo hábitat diseñado como medida compensatoria.
En septiembre, las obras se reanudaron parcialmente, solo en la parte relacionada con la urbanización, en paralelo al desarrollo del espacio previsto para el hábitat de las águilas.
Un proyecto polémico en el Alt Penedès
El Agroparc de Ametller Origen ha sido uno de los proyectos más controvertidos de los últimos años en el Penedès por su dimensión y por su impacto territorial y ambiental. Las entidades opositoras han cuestionado especialmente la afectación sobre el entorno natural y sobre especies protegidas.
Con el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía, la vía penal queda cerrada en este punto, a pesar de que el proyecto continúa sometido al control administrativo y judicial que ya había marcado la evolución de las obras.
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