En una rueda de prensa celebrada hoy, el concejal del gobierno municipal Christian Soriano ha hecho un análisis detallado sobre el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha acordado el archivo de la investigación abierta en relación con un presunto caso de prevaricación administrativa y malversación.
Contexto y origen de la denuncia
Soriano ha explicado que esta situación se remonta a hace cinco años, cuando los grupos municipales de Som poble-ERC, Podem y Primàries presentaron una denuncia ante fiscalía. Según sus palabras, aquella acción estaba basada en unos hechos que considera “totalmente desdibujados, malintencionados y sesgados con un claro objetivo de iniciar un proceso judicial hacia mi persona”.
El motivo principal de esta denuncia era la campaña de anuncios gratuitos impulsada por el gobierno municipal destinada a ayudar al comercio local durante el período más duro del confinamiento por la COVID-19. En aquel momento crítico para los establecimientos comerciales, tanto la radio como la televisión pública creyeron oportuno implementar esta medida para paliar los efectos económicos derivados de la pandemia.
Este hecho generó controversia política: “Cuando el gobierno municipal estaba tomando medidas para ayudar a quien lo estaba pasando peor durante el confinamiento, los tres grupos de la oposición fueron a los juzgados a poner una denuncia por estos hechos”, ha afirmado Soriano.
Contenido y resolución judicial
El auto recientemente publicado por el TSJC, conocido hace aproximadamente una semana, establece claramente varios puntos clave:
- No se ha detectado culpabilidad ni tampoco “injusticia” o “arbitrariedad”.
- La actuación no puede ser definida como prevaricadora; al contrario, se reconoce que fue justa teniendo en cuenta las circunstancias históricas en las que se tomó.
- Se ha constatado que ha habido largas dilaciones en el proceso judicial que han afectado especialmente al investigado.
- Se acuerda el sobreseimiento provisional del caso al no detectarse indicios suficientes de los delitos investigados, procediendo así al archivo definitivo de las actuaciones.
Christian Soriano mantiene que quería proteger un sector muy afectado por la crisis
Ante esta decisión judicial, Christian Soriano expresa una gran satisfacción: “porque en su posicionamiento queda muy claro que no solo no hay indicios, sino que las decisiones que se tomaron eran positivas en el momento histórico de la pandemia de la COVID-19”. Esta declaración refuerza la idea de que las medidas adoptadas buscaban proteger un sector especialmente afectado durante una crisis sanitaria sin precedentes.
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