De la reunión de junio del Pleno del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú se pueden destacar dos puntos del orden del día: el plan de ayudas para la reactivación económica, y las ayudas para pagar el alquiler de los meses de abril y mayo. Además, también destacó la politiquería de ciertos grupos municipales, que aunque de palabra expresan su voluntad de colaborar para hacer frente a la emergencia, centran su actividad en intentar polarizar la política municipal a su interés. Para SOM VNG, aunque es muy crítico con ciertas actuaciones del gobierno, y así lo ha manifestado, la situación que vivimos exige un mayor grado de responsabilidad a los partidos políticos de la que están teniendo.
En cuanto a las ayudas que van destinadas a las empresas, el portavoz de SOM VNG, Enver Aznar, mostró la discrepancia del grupo respecto a los criterios de puntuación. Así pues, para el concejal, las bases reguladoras benefician más a las empresas que tienen más trabajadores. Esto, que podría parecer correcto a simple vista, para la formación es un error, ya que son precisamente las que tienen menos trabajadores, sobre todo los autónomos que tienen una o dos personas contratadas, las que tienen más dificultades para crear puestos de trabajo y mantenerlos. Del mismo modo, las empresas que tienen más personal contratado tienen, lógicamente, un mayor volumen de negocio, por lo que la cantidad de las ayudas tendrá mucho menos impacto que el que tendrán en las empresas más pequeñas.
Por otra parte, en las ayudas al alquiler, el grupo municipal mostró su posicionamiento favorable, pero señaló la necesidad de que estas lleguen a más gente, y no sean solo para dos meses. Del mismo modo, Enver Aznar mostró que el tope que se fija en la renta del alquiler para poder acceder (750 €) es bastante bajo para los precios que existen en el mercado. Muchas familias viven en pisos normales, que en ningún caso se pueden considerar de lujo, que cuestan mucho más, y aún sufriendo una situación económica adversa no podrán acceder a estas ayudas. Además, en municipios cercanos como Sant Pere de Ribes el límite establecido es de 950 €, un precio que se ajusta más a la realidad de los precios del alquiler.
En el apartado de mociones, SOM VNG presentó una pidiendo la regularización de las personas migradas, una medida que ya se ha aplicado en países vecinos como Portugal. En la defensa de la propuesta el portavoz del grupo municipal describió en qué situación viven las personas sin papeles, recordando situaciones recientes como la negativa de los hoteles de Lleida de alojar trabajadores temporeros del campo, aún ofreciéndose un futbolista de élite a pagar anticipadamente, entre otros. Así pues, expresó que la regularización tiene como objetivo que todo el mundo, de partida, tenga los mismos derechos. Además, con una situación de emergencia sanitaria, social y económica, es más necesario que nunca que no existan personas al margen de la sociedad que puedan ser explotadas por su situación legal, y utilizadas para hacer competir a la baja los salarios de las trabajadoras y los trabajadores.
Finalmente, el grupo municipal preguntó al gobierno sobre la situación de las trabajadoras del servicio de conserjería. Tal como denunció en las redes sociales, el mes de febrero en el boletín de la sección sindical de CCOO se alertaba de que los puestos de trabajo de la conserjería estaban en riesgo como consecuencia de la no obligación a la nueva empresa concesionaria de subrogar a las trabajadoras. La respuesta del gobierno fue que no se había perdido ningún puesto de trabajo, ya que la anterior empresa concesionaria las había reubicado en otros centros. Las últimas informaciones de fuentes sindicales aseguran que peligran al menos dos puestos de trabajo, ya que a una persona no le han dado un nuevo destino, y a otra la han destinado a la Vall d'Hebron en un horario imposible para el transporte público.