Som Poble ha ratificado en asamblea su carácter de movimiento asambleario, político y social y mantiene el compromiso de agotar el mandato 2023-2027 junto a ERC dentro de la coalición Som Poble–ERC, con el concejal Marc Robert como portavoz municipal. La organización sostiene que las razones que la vieron nacer en 2014 “son más vigentes que nunca” y alerta del crecimiento de la derecha y la extrema derecha en el escenario local, hecho que consideran “peligroso y preocupante”.
Aunque defiende la necesidad “más que nunca” de un movimiento unitario a la izquierda del PSC, Som Poble admite que ahora mismo “no se dan las condiciones objetivas” para articularlo, en un contexto de “recomposición” del espacio progresista. Por este motivo, han decidido no presentarse a las elecciones municipales previstas para 2027.
A pesar de ello, reivindica su irrupción institucional en 2015 como “el revulsivo” que construyó una oposición real a la sociovergencia y que llegó a disputar la alcaldía en 2019.
En balance de mandato, el colectivo denuncia que propuestas “estructurales” han topado con la mayoría del PSC y, a menudo, con reticencias de socios, pero subraya “pequeños cambios que han sido grandes para la gente”. Entre los hitos sociales, destaca el impulso de los derechos de las personas con discapacidad, actividades extraescolares inclusivas y la creación de una concejalía de Capacidades Diversas; medidas para ampliar la vivienda asequible y facilitar la emancipación juvenil; hacer más accesible la EMMPAC y desplegar educadores de calle.
En medio ambiente y territorio, ponen en valor haber defendido espacios como las Madrigueres y la reserva marina de Masia Blanca, el impulso a las renovables y al Plan de ahorro de agua, la prohibición del uso de glifosato en la vía pública y la paralización del asfaltado del Botafoc —una obra de más de 400.000 euros que, remarcan, hoy debería deshacerse para habilitar allí una nueva zona verde. En memoria democrática, señalan el avance del proyecto Stolpersteine, ya con los primeros adoquines colocados. Y reiteran la defensa de la remunicipalización de servicios, “encallada por la apuesta del PSC por concesiones a grandes multinacionales”.
Som Poble también exhibe su código ético: renuncia a privilegios (aparcamiento gratuito, teléfono corporativo), retorno parcial de ingresos de los cargos —más de 33.000 euros en dos ediciones del programa “Diners al carrer” para una treintena de entidades— y el mantenimiento del local de l’Arcada como espacio abierto a proyectos sociales.
Mirando adelante, el movimiento se compromete a continuar dando voz a las luchas ciudadanas “en defensa de los derechos sociales y políticos” y hace un llamamiento a las fuerzas de izquierdas que concurran en 2027 para que “asuman la responsabilidad institucional” y busquen espacios de trabajo conjunto para construir una alternativa al gobierno PSC–PP.