El Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, junto con el Consejo Comarcal del Garraf, reclaman al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña más recursos económicos y profesionales para los programas de formación e inserción (PFI) dirigidos a los jóvenes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). La alcaldesa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido; la concejala de Educación, Paqui Carrasquilla; la concejala de Inclusión y Vida Independiente, Araceli Bau, y la presidenta del Consejo Comarcal, Mònica Gallardo, se han reunido este viernes, 24 de noviembre, con las familias del alumnado afectado, el cual no cuenta con suficientes personas cuidadoras en los PFI, concretamente el de Auxiliar de Ventas, Oficina y Atención al Público, que ofrece el Instituto Can Puig de Sant Pere de Ribes.
La alcaldesa ha explicado que este PFI se puso en marcha como una prueba piloto de la Generalitat hace unos diez años con una serie de recursos que “ahora hemos visto disminuidos hasta el extremo de que es imposible continuar haciendo este PFI con las condiciones con las cuales los alumnos tengan no solo la atención que se merecen, sino también la seguridad diaria garantizada”. “Las familias están angustiadas y los alumnos están viviendo una experiencia que debería ser positiva, y es todo lo contrario, es muy compleja”, ha remarcado.
En este sentido, Garrido ha reivindicado a la Generalitat “dotar con dos personas cuidadoras a tiempo completo a este PFI adaptado con el fin de dar apoyo y que todas las necesidades puedan ser atendidas” y especialmente al alumnado con pluridiscapacidad, incluida la diversidad funcional intelectual más severa. La alcaldesa ha insistido en su demanda y que ha requerido al Departamento de Educación “su apoyo, su sensibilidad y una salida inmediata” a la situación que están sufriendo todos los alumnos con NEE y sus familias.
Por su parte, la presidenta del Consejo Comarcal del Garraf, Mònica Gallardo, ha afirmado que teniendo en cuenta que se trata de una prueba piloto que puso en marcha la Generalitat “ahora no tiene sentido que no haya una voluntad inicial de dar la oportunidad a personas con capacidades diversas, pero que necesitan una atención especial, con los recursos necesarios”. Gallardo considera que debe haber “la máxima celeridad posible para dar respuesta” a la veintena de familias que se han visto afectadas por la reducción de personas cuidadoras de este PFI.
La representante de las familias y madre de uno de los alumnos de este programa, Caterina Joan, ha dicho que una de las consecuencias de no tener una persona cuidadora es, por ejemplo, no poder sacar adelante el proyecto de empresa cuando los alumnos salían del centro cada viernes, o que las necesidades básicas, como ir al lavabo o poder desayunar, no estén cubiertas. “Son situaciones de negligencia porque al final si un alumno se pone nervioso por el ruido y la falta de control o sale corriendo puede haber una consecuencia grave”, ha destacado esta madre. Las familias han mostrado su indignación dado que esta situación también afecta a los aprendizajes que se deberían lograr con este PFI y supone “dar pasos atrás porque también afecta a su estado emocional”.
El PFI de Auxiliar de Ventas, Oficina y Atención al Público da cobertura a toda la comarca del Garraf y al Baix Penedès y está formado por 24 jóvenes, de los cuales 9 tienen reconocida una discapacidad superior al 66%. El curso pasado disponían de una persona cuidadora y una integradora social a jornada completa, mientras que este curso solo disponen de una cuidadora cinco horas semanales.
El Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes aprobó por unanimidad una moción, en la pasada sesión plenaria celebrada el 21 de noviembre, para exigir a la Generalitat de Cataluña que garantice la inclusión de las personas con diversidad funcional, como educación postobligatoria, en el marco de los Programas de Formación e Inserción.
Cabe recordar que en 2017, la Generalitat reconoció mediante un decreto el derecho a un sistema educativo inclusivo para garantizar que todos los centros públicos pudieran ser partícipes. Pero no se ha acompañado de las dotaciones presupuestarias necesarias ni se han destinado suficientes recursos. Por ello, se reclama su compromiso con el despliegue de los recursos necesarios “para que pueda ser un hecho y se garantice realmente el derecho de los niños y niñas con necesidades especiales de tener una educación digna y de calidad”.