El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell, Josep Bosch, ha decidido inhibirse de la causa llamada del '3%', que investiga supuestas comisiones irregulares pagadas a CDC por empresarios para ganar concursos públicos, y traspasarla a la Audiencia Nacional española, debido a su elevada complejidad, el número de investigados, el hecho de que afecta a tres demarcaciones –Tarragona, Barcelona y Girona—y tiene posibles conexiones con paraísos fiscales.
Tal como pidió hace unas semanas la Fiscalía Anticorrupción, el juez cree que la causa abierta inicialmente por prevaricación, soborno y malversación por los supuestos pagos de Teyco al exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, para construir un aparcamiento ha derivado en una causa judicial muy extensa que sobrepasa sus atribuciones. Así, recuerda que hay decenas de investigados por prevaricación, soborno, alteración de los precios de concurso público, malversación de fondos, fraude fiscal, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos. Inicialmente solo se investigaba el Ayuntamiento de Torredembarra, pero ahora también están bajo lupa judicial los consistorios de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni (Vallès Oriental), Lloret de Mar (Selva), Figueres y Olot, además de la empresa de la Generalitat Infraestructures.cat, el Puerto de Barcelona, el Consorcio de Educación de Barcelona y la empresa del Ayuntamiento de Barcelona Bimsa, así como las empresas que supuestamente habrían pagado las comisiones irregulares: Teyco, Copisa, Rogasa y Oproler. Esto hace que la causa abarque al menos tres audiencias provinciales. Para justificar la inhibición, el juez dice que se cumple otro de los requisitos para que la Audiencia Nacional se haga cargo: el grave perjuicio a la economía española. Así, recuerda que las obras públicas investigadas suman un total de 218,7 millones de euros, y las comisiones a CDC y a fundaciones cercanas podrían alcanzar los 10,3 millones de euros, y que esta "aparente generalización de manipulación de concursos" podría "desalentar" la presentación de ofertas por parte de otras empresas, lo que perjudica la libre competencia. El juez también dice que hacen falta informes periciales económicos y sobre la legalidad de los concursos y que mientras que la Agencia Tributaria ha colaborado en todo momento, no ha sido así en el caso de la Inspección General del Estado u otros organismos. Como que se han pedido varias comisiones rogatorias en el extranjero, el juez también espera que la Audiencia Nacional las pueda agilizar. De hecho, un informe de la Guardia Civil entregado el pasado 1 de febrero evidenciaba ciertas conexiones internacionales de los empresarios Jordi Sumarroca (Teyco), Jordi Soler Paredes, Francesc Xavier Tauler (Copisa) y Sergio Lerma (Oproler). Según la Guardia Civil, estos empresarios tenían "conocimiento y voluntad" de utilizar paraísos fiscales y uno de ellos dio poderes para operar en entidades financieras y bancarias internacionales. Además, no se puede determinar el origen del dinero utilizado para abrir las cuentas bancarias personales en el extranjero. Así, se han detectado operaciones "opacas fiscalmente" en Andorra, Suiza y Panamá, fondos de inversión en las Islas Vírgenes Británicas e inversiones en Perú.
