Ayer martes, el pleno municipal del Ayuntamiento de Vilafranca aprobó las ordenanzas fiscales para el año 2024. La propuesta que el equipo de gobierno llevó a aprobación y que planteaba un incremento general del 3,5%, que es el IPC interanual de septiembre a septiembre, recibió los votos favorables del grupo Socialista en el gobierno, de ERC-100xCent Vilafranca y de VeC, y las abstenciones de los grupos de Junts y de la CUP.
En el pleno de ayer se llevaron a aprobación los impuestos y tasas. Los precios públicos se aprobarán más adelante con el compromiso del equipo de gobierno de que sean justos y proporcionales a la capacidad económica de las familias.
Ante el escenario de incrementos en los gastos en diferentes capítulos del presupuesto y en la línea de poder mantener el gran número de servicios que se prestan desde el Ayuntamiento, el incremento de las ordenanzas para 2024 será del 3,5%, la cifra del IPC interanual de septiembre a septiembre. Los indicadores a nivel general apuntan a que 2023 se cerrará con un IPC del 3,9%.
La concejala de Hacienda, Lourdes Sànchez, se mostraba muy satisfecha del trabajo mantenido con el resto de grupos municipales. “Se ha hecho muy buen trabajo y todos hemos tenido claro que se debían mantener los servicios públicos, sin aumentar la presión fiscal por encima del IPC, para alcanzar unas tasas e impuestos justos, que fomenten la sostenibilidad y la eficiencia energética”, afirmaba la concejala.
Gracias a las bonificaciones aprobadas, las ordenanzas para 2024 incentivan la rehabilitación de viviendas, la eliminación de barreras arquitectónicas, la construcción de vivienda social, las reformas energéticas de los edificios, la instalación de placas fotovoltaicas o de puntos de carga de vehículos eléctricos.
En cuanto a uno de los tributos más importantes, la tasa por recogida de basuras, de momento no sufre cambios, a la espera de que la Mancomunidad Penedès-Garraf, en quien el Ayuntamiento de Vilafranca tiene delegado el servicio, termine el proceso para licitar el nuevo contrato que incluirá un nuevo modelo que irá en la línea de lograr una tasa más justa y que pague más quien más residuos genera, fomentar la reducción y el reciclaje.
En el otro impuesto importante, el de Bienes Inmuebles (IBI), se plantea un incremento del 3%, por debajo del IPC. La novedad es la introducción de un recargo del 50% del impuesto para las viviendas que lleven un mínimo de 2 años desocupadas y en las que el propietario tenga 4 viviendas a su nombre. El recargo será del 50% por cada piso vacío.
También se plantea una subida del 10% del IBI para los inmuebles que no sean viviendas con un valor catastral superior a los 300.000 euros. Este incremento solo se aplicará en el 10% de los inmuebles de mayor valor.
El IBI también prevé bonificaciones del 90% para familias numerosas, de un 50% si se cede el piso a la bolsa de alquiler social, si se instalan placas solares (durante 5 años) y en el caso de viviendas de protección oficial. La reducción es del 15% en el caso de que se instalen puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Lourdes Sànchez está convencida de que las ordenanzas fiscales son un instrumento potente para “hacer una política que mejore la vida de la gente. La fiscalidad debe ser justa y progresiva para que pague más quien más tiene”.