La Asociación de Municipios del Arco Metropolitano pide a la Generalitat que modifique el actual decreto de sequía, cuente con la voz de los ayuntamientos para mejorar su aplicación e incorpore la autorización para la utilización de piscinas públicas y el uso de fuentes, en tanto que pueden ser refugios climáticos para la ciudadanía ante el calor. Así se aprobó en una resolución del Comité Ejecutivo de la entidad municipalista, celebrado ayer en el Vinseum de Vilafranca del Penedès, donde hizo de anfitrión el alcalde Pere Regull. Paralelamente, el documento apunta a la falta de inversiones en infraestructuras hídricas por parte de la administración de Cataluña y pide un plan de choque para evitar que, con motivo de la falta de agua, se tengan que decretar en el futuro nuevas medidas excepcionales.
Tal y como han expresado los ayuntamientos miembros del Arco Metropolitano, los municipios comparten la necesidad de decretar medidas extraordinarias dada la situación de sequía, pero al mismo tiempo consideran que el decreto Ley 1/2023 de 28 de febrero de medidas urgentes para hacer frente a la sequía en el ámbito del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, traslada toda la presión y responsabilidad de las acciones al mundo local.
En el Decreto se abordan toda una serie de restricciones sobre el uso del agua en equipamientos públicos, la prohibición de rellenar piscinas públicas y fuentes ornamentales o limitaciones en el riego, entre otras medidas, estableciendo una serie de sanciones a los ayuntamientos si no se cumplen. Por otra parte, sin embargo, no incorpora obligaciones para la Generalitat, que es la administración competente en la materia, ni ningún plan de inversiones para hacerle frente. Hay que recordar que con motivo de la sequía que se sufrió en el territorio entre los años 2005 y 2008, se confeccionó un plan para crear una red de desaladoras que debían garantizar el suministro de agua en casos de futuras crisis hídricas. A estas alturas el plan no se ha terminado de ejecutar y algunas plantas de desalinización previstas todavía no están funcionando.
Tal y como ha explicado la presidenta del Arco Metropolitano y alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, “los municipios compartimos la preocupación por la situación de sequía actual, somos responsables y, como siempre, estamos dispuestos a formar parte de la solución. Lo que nos parece que no es justo es que, una vez más, tanto el problema como la adopción de medidas se haga recaer completamente sobre los ayuntamientos y la ciudadanía y, además, sin hablar antes con los municipios. En este caso, entendemos que la Generalitat, como administración competente, debe asumir compromisos de inversión y hablar con el mundo local para ver cuál es la mejor manera de afrontar la situación”.
El vicepresidente del Arco y alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha remarcado la preocupación sobre la situación de sequía “pero a la vez es un tema de salud pública que en un verano muy caluroso es importante que podamos llenar las piscinas para que sean refugio climático y también tener fuentes”. En este marco, el alcalde ha afirmado que los municipios son conscientes de que hacen falta restricciones para garantizar el agua pero que hay aspectos a tener en cuenta que el decreto actual no contempla.
El también vicepresidente del Arco y alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, ha valorado especialmente la tarea llevada a cabo por la Asociación de Municipios del Arco Metropolitano desde que se constituyó. Regull ha destacado que “trabajamos sobre lo que nos une y la utilidad del Arco se empieza a plasmar. Hemos puesto sobre el tapete cuestiones como la ocupación conflictiva de viviendas, la vivienda o los temas medioambientales. Temas que son útiles e importan al ciudadano. Estamos trabajando a fondo y representamos a mucha gente”.
Mejora de la financiación local
Además del decreto y las medidas relacionadas con la sequía, el Comité Ejecutivo del Arco ha aprobado otra resolución para solicitar tanto al Estado como a la Generalitat las reformas legales necesarias para mejorar la financiación de los Ayuntamientos. La nueva financiación debería partir de un modelo concertado entre el Estado, los gobiernos autonómicos y las administraciones locales. También se piden los cambios para introducir de manera más amplia una participación progresiva en el conjunto de tributos, más poder de gestión directa de los Fondos europeos de reconstrucción y mecanismos de compensación que cubran la reducción de ingresos municipales derivada de la reforma de la plusvalía.
Asimismo, se ha aprobado una resolución para pedir a la Agencia de la Vivienda de Cataluña que clarifique el marco de colaboración con los ayuntamientos de cara a recibir las subvenciones contempladas en los fondos Next Generation para la rehabilitación energética de edificios gestionados por la Agencia.
