El pasado miércoles 27 de mayo, a las 13:30 horas, la Policía Local de Sant Pere de Ribes interceptó un presunto intento de empadronamiento ilícito en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del municipio. Esta acción se desencadenó gracias al protocolo especial que el Ayuntamiento implementó hace meses para prevenir estos casos, el cual cuenta con la colaboración de diversos departamentos y servicios locales.
Detección y comprobación de los documentos
A partir del aviso generado por el protocolo, los agentes se desplazaron rápidamente hasta la Casa de la Vila donde comprobaron que la mujer implicada presentaba un contrato de alquiler con indicios evidentes de falsedad. Además, durante el registro se localizó un teléfono móvil que constaba como sustraído según las bases policiales.
Identificación del segundo implicado y materiales relacionados
La acompañante de la mujer, esperándola en el exterior del consistorio, también fue identificada y cacheada por los agentes. En posesión suya se encontraron diversos contratos de alquiler vinculados a inmuebles situados en Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Viladecans, El Masnou y L’Hospitalet de Llobregat. También llevaba documentación relacionada con trámites de empadronamiento y fotocopias de los pasaportes de un grupo de extranjeros.
Acusaciones formales y cargos imputados
A consecuencia de los hechos detectados, la Policía Local procedió a detener a ambos individuos como presuntos responsables de los delitos siguientes: estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular. Además, se les atribuye el presunto delito de hurto por el teléfono móvil encontrado.
Colaboración interdepartamental e investigaciones complementarias
Esta actuación ha puesto de relieve la importancia del trabajo conjunto entre diferentes áreas municipales para identificar posibles fraudes documentales. Los casos detectados se han remitido a la Policía Nacional, competente en materia de inmigración, para que continúe con las investigaciones correspondientes.
Según fuentes policiales locales, este tipo de actividades podrían formar parte de una red organizada que opera en diversas localidades catalanas cobrando dinero para facilitar inscripciones ficticias en el padrón municipal.
Por otro lado, se está investigando si otra serie de empadronamientos irregulares descubiertos en el municipio durante los primeros meses del año tienen alguna relación directa con la mujer arrestada, ya que aparecía como arrendataria en los contratos vinculados a los casos sospechosos.
Más controles administrativos para evitar fraudes futuros
Para combatir esta problemática y impedir nuevas incidencias similares, el Ayuntamiento ha reforzado determinadas medidas administrativas. Entre ellas destaca la exigencia de que las solicitudes consideradas sospechosas se tengan que presentar obligatoriamente por escrito. Esto permite disponer del tiempo legalmente establecido para revisar minuciosamente toda la documentación antes de expedir ningún certificado oficial.
Este sistema transversal verificativo activado junto con la cooperación interdepartamental ha permitido no solo esta detención sino también detectar otras presuntas falsificaciones relacionadas con contratos fraudulentos. Todos estos hechos han sido comunicados formalmente a la Policía Nacional para que inicie diligencias pertinentes.
