El juzgado núm. 5 de El Vendrell ha dictado auto de apertura de juicio oral en el caso de las multas de zona azul anuladas durante el mandato 2011-2015. El juez considera que de aquellos hechos "aparece como criminalmente responsable Francisco Clavero Sanz", que era el concejal de Seguridad Ciudadana en aquella época, y añade que "pueden ser incardinados en el tipo de prevaricación".
El juez ordena, además, que se dé parte a la fiscalía y a las demás partes acusadoras personadas para que formulen escrito de acusación. El Ayuntamiento de Calafell ya ha avanzado que acusará también por malversación de fondos públicos, además de prevaricación, para conseguir el resarcimiento del perjuicio económico causado a las arcas municipales. Las multas están más que prescritas y son incobrables, pero el consistorio cree que la reparación del daño se puede exigir a quien lo causó.
El juez ha archivado las actuaciones referidas a dos mandos de la Policía local, que habían sido investigados en este procedimiento.
Multas anuladas a concejales y familiares
En el período 2011-2015 se llegaron a anular unas 800 sanciones de la zona azul de Calafell. El juzgado, sin embargo, se centra en 400 de los expedientes cancelados, que afectaban a concejales del equipo de gobierno de entonces y familiares suyos. Clavero se habría "perdonado" él mismo 196 multas, además de unas cuantas decenas a sus familiares directos y a las empresas en las que trabajaban.
El juez considera que las cancelaciones no están motivadas y rechaza los alegatos presentados por Clavero en su declaración. El exconcejal argumentó que las multas eran perdonadas a vehículos de políticos o funcionarios que estaban ejerciendo funciones oficiales. Y también que había problemas endémicos de circulación en Calafell que habían causado "una presión extremadamente rigurosa" en temas de estacionamiento, ante la cual era aconsejable revisar algunos expedientes dictados en base a tal presión.
Tanto Clavero como otros concejales y familiares suyos declararon también que los coches multados lo eran del núcleo familiar y que se usaban indistintamente.
En cambio, el auto judicial afirma que las funciones oficiales no están acreditadas, ni el uso de otros vehículos familiares para tales funciones. Tampoco las razones de movilidad general alegadas. Al contrario, dice que se trata siempre de multas canceladas a políticos y familiares suyos, sin que sean válidas las razones alegadas.
