La Policía local de Calafell realiza una actuación cada dos días relacionada con los perros. En el mandato que está a punto de terminar, ha habido una media de 180 intervenciones anuales. En el 18% de los casos ha sido necesario el servicio de recogida de animales; se han recibido 37 denuncias, se han instruido 60 de oficio por infracción de la normativa municipal, y se han realizado 13 diligencias judiciales.
En el año 2015, se hicieron 194 actuaciones; en 2016, 181; en 2017, 176; en 2018, 168; y en los días que llevamos de 2019, 9. La mayor parte de estas intervenciones son por perros abandonados o mal cuidados y por problemas de convivencia vecinal originados relacionados con la tenencia de animales.
La Policía local es el primer servicio que atiende estas situaciones, ya que es quien detecta los problemas en su patrullaje o recibe las denuncias. La patrulla de la Policía local es la primera en llegar, para comprobar la denuncia y activar, si es necesario, otros servicios.
Según explica el alcalde, Ramon Ferré, "muchas quejas son por el ruido de perros que ladran, a menudo porque el animal está en el balcón; otras tienen que ver con animales que van sueltos por la calle; también hay casos de un perro que ha atacado a otro, o incluso de personas que han agredido a un animal".
Ferré añade que "la inmensa mayoría de estas intervenciones no tienen ninguna publicidad ni se habla de ellas en las redes, pero forman parte del día a día de la Policía local y evidencian su sensibilidad por este tema".
El Ayuntamiento de Calafell dispone de un servicio de recogida de animales. En los últimos cuatro años, ha recogido 747. En 2015, fueron 165; en 2016, 192; en 2017, 216; y en 2018, 174. Un 60%, de media, se devuelven a los propietarios, a los que se consigue localizar: Alrededor de un 30% se llevan a una protectora, y el 10% restante se da en adopción.
Una parte del problema de la gestión de este servicio es que solo el 40% de los animales recogidos llevan chip. Y es más, solo cuatro perros estaban censados (datos de 2018). El Ayuntamiento recuerda la obligación tanto de poner el chip a la mascota como de inscribirla en el censo municipal de animales de compañía. Una obligación especialmente reforzada, y con otras medidas, en el caso de los perros considerados por la ley como potencialmente peligrosos.
