El Ayuntamiento de Calafell se suma a la protesta generalizada de los municipios catalanes, a los que la compañía eléctrica Endesa pretende cobrar la "factura" de la pobreza energética. En el caso de Calafell, la empresa reclama 55.593 euros y amenaza con que, si el Ayuntamiento no paga, el 1 de octubre cortará el suministro a 70 familias.
El Ayuntamiento se está coordinando con el resto de municipios afectados, que son unos 250. Endesa les reclama unos 10,5 millones de euros. Según la Ley de Pobreza Energética, las "pérdidas" económicas por no cortar luz, agua o gas, deben repartirse al 50% entre las compañías y la Administración. Desde la Generalitat, el mundo local e incluso la Mesa del Tercer Sector, se recuerda que, si no se ha pagado, es porque Endesa no ha querido firmar ningún convenio con la Generalitat, tal como establece la ley.
La teniente de alcalde de Igualdad y Derechos Sociales, Helena Rubio, considera que "la ley dice claramente que no se puede cortar un suministro a personas en situación vulnerable. O sea que, si Endesa o quien sea sigue adelante con los cortes, cometerá un acto ilegal".
"Pero es más", añade Rubio, "es intolerable actuar con ultimátums a las instituciones, o chantajear usando, como si fueran rehenes, a las personas más débiles. Estamos hablando de empresas con beneficios multimillonarios y resulta incomprensible tanta preocupación por unos miles de euros, y tan poca por los derechos de las personas".
