El Ayuntamiento de Calafell asumirá durante los próximos tres años el pago de 1,7 millones de euros en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le obliga a expropiar los terrenos de la antigua plaza de toros del núcleo de Segur. Este año pagará casi 950.000 euros, el año siguiente abonará más de 430.000 y, finalmente, en 2019 asumirá los 320.000 restantes. Los hechos se remontan a una denuncia que la sociedad Svaina, propietaria de los terrenos, interpuso contra el Ayuntamiento porque el Plan General de 1989 calificaba la zona como espacio para equipamientos, sin especificar si debían ser públicos o privados, y esto les impedía construir una residencia geriátrica. La situación no se logró resolver con ninguna compensación de edificabilidad y el caso llegó a los tribunales, donde el juez ha sentenciado que el terreno es para equipamientos públicos y obliga al Ayuntamiento a expropiar la finca.
La antigua plaza de toros está ubicada en la avenida de España del núcleo de Segur de Calafell. Se trata de 6.000 metros cuadrados construidos durante los años 60 en el interior de la isla delimitada con las calles Brasil, Pinar y Sant Rafael. La zona, sin embargo, se encuentra abandonada en ruinas desde hace décadas, motivo por el cual los propietarios querían darle un nuevo uso. El Plan General, sin embargo, era ambiguo y no se permitió construir una residencia geriátrica, y el caso llegó a la justicia. Hace dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia, condenando al Ayuntamiento a realizar la expropiación de los terrenos 'de facto', con la correspondiente indemnización a la sociedad Svaina. El consistorio ha retrasado al máximo el cumplimiento de la sentencia, pero ésta es ahora firme y el Ayuntamiento está obligado a acatarla. En un primer momento, el gobierno municipal había lamentado el esfuerzo económico que suponía el pago de 1,7 MEUR para las arcas municipales. Finalmente, el consistorio ha logrado cerrar un acuerdo con la empresa propietaria de los terrenos para fragmentar el importe, hecho que el gobierno valora positivamente porque "constituye un alivio muy importante".
