El Ayuntamiento de Calafell suspenderá durante un año el otorgamiento y la ampliación de licencias para cinco tipos de actividades comerciales y de servicios en determinadas zonas de Segur de Calafell y Calafell Platja. La Junta de Gobierno Local ha acordado la medida con el objetivo de regular la implantación de estos negocios y elaborar una nueva normativa urbanística que permita equilibrar los usos comerciales en los dos núcleos.
La suspensión afecta a los establecimientos de conveniencia, conocidos popularmente como badulaques; los locales de comida preparada para llevar y restauración rápida asociada; los locutorios y servicios públicos de telecomunicaciones; las tiendas de venta y reparación de teléfonos móviles, dispositivos y accesorios, y los trasteros y almacenes individualizados de tipo self-storage situados en planta baja.
La medida se aplicará tanto a las nuevas implantaciones como a las ampliaciones de los establecimientos existentes dentro de los ámbitos delimitados. La duración inicial será de un año a partir de la publicación del acuerdo, con la posibilidad de prorrogarla de acuerdo con la legislación urbanística.
Afectación a los ejes comerciales de Segur
En Segur de Calafell, la suspensión se centra en una parte del núcleo central, estructurada alrededor de la avenida de Catalunya y de las calles y ejes que confluyen en ella. El ámbito incluye suelos calificados urbanísticamente con la clave DD, de Densificación por Dotación, con fachada a las calles de Pablo Picasso, de l’Ametller, del Cep y de Pablo Neruda.
También comprende las rondas de la Universitat y de Sant Miquel de Segur, así como el entorno de las plazas del Mediterrani y de Pau Casals, hasta la conexión con la carretera C-31.
En Calafell Platja, la medida abarca todo el sector delimitado por la línea ferroviaria, la Carrerada d’en Ralet, l’Estany y el paseo Marítimo.
Un plan especial para regular los negocios
Durante el periodo de suspensión, los servicios técnicos municipales deberán estudiar y redactar un Plan Especial Urbanístico (PEU) que establezca las condiciones específicas para la implantación y ampliación de las actividades afectadas.
Según el expediente municipal, la finalidad es garantizar un desarrollo equilibrado, preservar la diversidad de usos y mejorar la calidad urbana de las zonas incluidas en la medida.
El Ayuntamiento plantea así una intervención urbanística para evitar una concentración excesiva de determinadas actividades en algunos ejes comerciales y favorecer una oferta más diversa de negocios y servicios. La iniciativa se enmarca en la voluntad municipal de utilizar el planeamiento urbanístico, incluido el POUM aprobado en 2011, como una herramienta para adaptar los usos de los núcleos a las necesidades actuales del municipio.
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