La Audiencia de Barcelona ha absuelto al exalcalde de Sant Pere de Ribes (Garraf), José Antonio Blanco (PSC), de los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa, por los cuales fue juzgado junto con dos personas más el febrero pasado. Se le acusaba de adjudicar a dedo y con sobrecoste la gestión de una promotora inmobiliaria municipal a un empresario propuesto por el PSC en el consejo de administración de la empresa pública. Blanco fue alcalde de Sant Pere de Ribes en dos etapas, de 1991 a 1995 y de 1999 a 2013. Como alcalde, fue presidente de la empresa municipal Garraf Promocions SA entre los años 2002 y 2008.
La fiscalía acusaba a Blanco de adjudicar a dedo la gestión de la empresa pública Garraf Promocions a CQ Consultors por un importe superior al precio de mercado y también la firma de varios contratos entre las dos empresas sin respetar los procedimientos de publicidad y libre concurrencia necesarios. El ministerio público pedía para Blanco y para el responsable de CQ Consultors, Enrique Fernández, ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. A pesar de las acusaciones de la fiscalía y de la formación Unitat Municipal 9-CUP, que se presentó como acusación popular, el tribunal ha considerado que "no existe ninguna prueba pericial económica y contable rigurosa, analítica, fiable, imparcial y definitiva que pueda corroborar" el juicio de valor del informe de la interventora que inició el proceso. Además, la sentencia también recoge que varios informes e investigaciones no pudieron concluir nada sobre la existencia del perjuicio que Unitat Municipal 9 asegura que causó Blanco a la hacienda municipal de Sant Pere de Ribes. En concreto, se refiere al informe del Equipo de Delincuencia Organizada Común de la Guardia Civil, el informe del Grupo de Delincuencia Económica de los Mossos d'Esquadra y el informe de la sociedad auditora requerida para liquidar Garraf Promocions Municipals. De hecho, la sentencia reconoce que la adjudicación se hizo "sin ajustarse a las disposiciones administrativas que requerían concurso público". Sin embargo, también recuerda que en ninguna de las adjudicaciones o renovaciones hubo votos en contra en el pleno municipal, como junta general, o en el consejo de administración, y ningún funcionario o técnico advirtió de la posible ilegalidad. Además, los servicios adjudicados se prestaron, y no ha quedado acreditado ningún "perjuicio económico para las arcas municipales". El caso salió a la luz en el año 2012, cuando el partido municipal UM9-CUP, adscrito a la CUP, presentó una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Lo hizo después de tener conocimiento de que un informe de la interventora municipal de Sant Pere de Ribes alertaba de "muchas carencias legales" en la adjudicación de la gestión de Garraf Promocions a la empresa CQ Consultors. En este informe también se advertía que se había utilizado la empresa pública como forma de evitar diversos trámites administrativos fijados por la ley. La empresa pública Garraf Promocions fue creada en el año 1989 para promover la vivienda social y de protección oficial en Sant Pere de Ribes. Según la fiscalía, en el año 2002 Blanco, que como tal era presidente de la empresa pública Garraf Promocions, firmó un contrato con CQ Consultors, representada por Enrique Fernández, donde se adjudicaba la gestión de Garraf Promocions. Se da el caso de que Fernández, además de ser socio de CQ Consultors, era miembro del Consejo de Administración de Garraf Promocions a propuesta del PSC. El fiscal exponía que tanto Blanco como Fernández eran conscientes de que estaban incumpliendo los requisitos necesarios para llevar adelante el procedimiento. Además, en el año 2004 los mismos acusados firmaron un contrato para la construcción, promoción y comercialización de viviendas en la zona conocida como Vinya d'en Petaca. También en 2008, aún con Blanco en la alcaldía, se prorrogó el contrato de gestión con CQ Consultors hasta el año 2012. Según el ministerio público, todos estos contratos se firmaron a pesar de que los dos acusados eran conscientes de que estaban "vulnerando de forma consciente las normas establecidas". Durante todo este periodo, CQ Consultors cobró casi 1,6 millones de euros por gestionar la empresa pública Garraf Promocions. Durante el juicio, la interventora del Ayuntamiento entre los años 2004 y 2014 ratificó el informe elaborado en el año 2010 a instancias de la Sindicatura de Cuentas donde alertaba de "muchas carencias legales" en la adjudicación a CQ Consultors. Entre otros, que la empresa pública se adjudicó en 2002 y se prorrogó en varias ocasiones hasta 2012 sin concurso público y con un "sobrecoste" evidente. La interventora explicó que antes de emitir el informe detectó "algunos incumplimientos normativos" al revisar las cuentas anuales del consistorio. Es ante el hecho de que no se "corregían" las observaciones que iba haciendo y ante una petición del 2010 de la Sindicatura de Cuentas para "incrementar los controles" que decidió elaborarlo. Un informe, añadió, que le costó mucho hacer ante la dificultad de acceder a la documentación que iba solicitando. De hecho, aseguró que muchas facturas reclamadas no se le hicieron llegar porque, según le dijeron, "habían sido robadas". "A veces me daban lo que pedía, a veces tardaban más o menos y a veces no me lo daban", declaró. Sobre el importe de los contratos, que en total rozaron los 1,6 millones de euros, la entonces interventora aseguró que "no quedaba claro" por qué utilizaban precios unitarios que no entraban en el detalle. También apuntó que los 200.000 euros anuales que se pagaron a CQ Consultors, sin entrar si hubo "desviaciones presupuestarias", suponían un "sobrecoste" evidente. La interventora dijo también que "no entendía" que a pesar de que CQ encargaba las obras a otras empresas, contratara personal propio "duplicando" muchas figuras con sueldos sensiblemente por encima de lo que pagaba el ayuntamiento. "Se daba la circunstancia de que a veces había gente contratada cuando las obras ya se habían acabado y con sueldos por encima del precio de mercado", añadió. Por último, calificó de "extraño" que Enrique Fernández, gerente de CQ Consultors, fuera también miembro del Consejo de Administración de Garraf Promocions a propuesta del PSC. Aquí aseguró que hay un "evidente conflicto de intereses" cuando al representante de una empresa que forma parte del ente público se le adjudica un contrato sin concurso. Blanco se ha mostrado satisfecho con la sentencia absolutoria y ha lamentado que UM9-CUP iniciara un proceso judicial acusándolo "injustamente" de unos hechos que nunca existieron. Además, ha recordado que, "en todo momento, UM9-CUP fue corresponsable de la gestión de la empresa municipal, ya que formaba parte del Consejo de Administración y de la Junta General". El exalcalde está convencido de que UM9-CUP solo pretendía "desacreditarlo" y "anularlo políticamente como alcalde, dado que democráticamente y en las urnas no fue capaz de hacerlo". Y ha añadido que "esta formación política está acostumbrada a imponer su visión del municipio con amenazas e insultos hacia quienes no aceptan sus criterios, ensuciando la política municipal y fomentando el enfrentamiento entre vecinos". "Durante estos ocho años ha ido esparciendo mentiras y descalificaciones sobre mi honestidad y gestión, así como de las personas que durante dieciocho años me han acompañado en el Ayuntamiento", ha lamentado.