La Audiencia de Lleida ha vuelto a fijar para el 26 y el 27 de abril el juicio que debía celebrarse el 15 de febrero a un hombre y una mujer acusados de traer engañadas a Lleida a mujeres de Venezuela y obligarlas a prostituirse. La sala decidió suspender la vista cuando una de las víctimas, denunciante de los hechos y testigo protegido, no apreciaba con claridad fotografías clave que se le mostraban también por videoconferencia.
La mujer declaraba también por videoconferencia, a través de un televisor colocado de espaldas a la sala para preservar su identidad. El ministerio público considera clave estas fotografías porque presuntamente aparece la víctima viviendo y ejerciendo la prostitución en la calle, cuando ella denunció que los acusados la tenían encerrada en una casa. Por este motivo, la fiscalía pidió la suspensión de la vista y que le fueran mostradas las fotografías de manera que las pudiera ver con claridad. Las defensas de los acusados se adhirieron a la petición y el magistrado aceptó aplazar el juicio.
La fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de siete años de prisión por un delito de trata de seres humanos y tres años de prisión más y una multa de 5.400 euros por un delito de prostitución coactiva. Además, pide que indemnicen con 10.000 euros a la víctima que denunció los hechos y que colaboró con la policía como testigo protegido. La investigación se inició el 22 de septiembre de 2014 cuando la Ucrif, la unidad de la policía española contra las redes de inmigración y falsificación documental, localizó en un local de Terrassa a una joven venezolana en situación irregular. La mujer explicó que su marido había muerto y debía mantener a una hija, así que a través de un conocido contactó con la acusada, que, según la fiscalía, le ofreció ir a Lleida a trabajar de camarera, en uno de los locales del acusado, a cambio de entre 10 y 30 euros por copa. Ella aceptó y la acusada le gestionó la documentación y el viaje. La acusada es una mujer de 26 años, nacida en Venezuela y residente en Valencia, y el otro acusado es propietario de varios pubs en Lleida donde presuntamente se obligaba a mujeres procedentes de Venezuela a prostituirse. Según la testigo protegida, cuatro mujeres, incluida ella, vivían en un piso en Lleida y sólo salían para ir a los locales a trabajar. El acusado les reclamaba, según la misma víctima, 3.000 euros más los gastos de viaje y alojamiento, que debían pagarle prostituyéndose a cambio de 50 euros por servicio y las amenazaba diciendo que si no cumplían, mataría a sus familiares en Venezuela. El ministerio público sospecha que los acusados tramitaron la repatriación de, como mínimo, catorce mujeres.
