La Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent y de la Unidad de Investigación de la comisaría de Lleida han desarticulado un grupo criminal que regentaba una red de naves industriales y locales destinados al cultivo interior de marihuana, ubicados en comarcas de la demarcación de Lleida. La investigación se ha saldado con la detención de 20 personas a las que se investiga por los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y por defraudación de fluido eléctrico.
La investigación se puso en marcha el año pasado después de que los Mossos detectaran la implantación de un grupo criminal muy activo establecido en la demarcación de Lleida que traficaba con marihuana. Las indagaciones policiales han puesto de relieve la actividad del grupo, con una estructura consolidada jerárquica muy bien definida, que operaba desde varias comarcas leridanas y que gestionaba plantaciones interiores de marihuana, establecidas en naves industriales, locales y domicilios.
En la cima de la organización encontramos a los dos líderes, encargados del diseño de la estructura criminal, que la habrían puesto en funcionamiento con la colaboración directa de dos hombres que actuaban como facilitadores, tanto de vehículos como de naves industriales como de domicilios. También los surtían de la documentación necesaria para dar apariencia de legalidad de la actividad de la organización. Los líderes del grupo habían hecho un trabajo prospectivo previo a la puesta en marcha de las plantaciones con un grow shop con acuerdos en las condiciones de compraventa de materiales que, más tarde, tendrían que ser recogidos y transportados a las plantaciones.
En el siguiente escalafón del grupo encontramos dos integrantes más con el rol de estructuristas o constructores. El suyo es un papel itinerante por el conjunto de las plantaciones, a las cuales nutrían de materiales para adecuar cada local o nave a las necesidades de las instalaciones. La investigación también los sitúa en la función de empaquetadores de los cogollos secos, ya destinados a la venta. En este mismo nivel habría que situar al electricista de la banda que, junto con su hijo, se encargaban del diseño y puesta en funcionamiento de todo el apartado técnico y logístico en cuanto a la parte eléctrica de la instalación. Como ocurre siempre en este tipo de actividad ilícita, la electricidad se obtenía de manera fraudulenta, dados los altos costes y consumos que generan las plantaciones interiores de marihuana.
Finalmente, nos situamos en el nivel de los cultivadores, personas venidas de países del Este a precio convenido previamente para trabajar en régimen de cierre absoluto durante los tres o cuatro meses que dura la fase de producción. La investigación ha acreditado hasta diez cultivadores repartidos en ocho plantaciones activas de marihuana donde residían de manera permanente.
Cabe destacar una circunstancia de la investigación, relacionada con la finalidad de la organización criminal investigada: las plantaciones eran de menos plantas de las habituales, en ningún caso superiores a las 500. Esta realidad responde al hecho de que en caso de una eventual intervención policial, se reduzcan las pérdidas económicas sufridas por el grupo.
El 28 de febrero se llevó a cabo un dispositivo policial con quince entradas y registro en naves industriales, locales y domicilios en las poblaciones de Lleida, Bellvís (els Arcs), Tàrrega, Verdú, Guimerà, Artesa de Lleida, Torregrossa y Alfarràs, once de las cuales destinadas al cultivo y cuatro en domicilios. Se intervinieron cerca de 4.000 plantas en total en diferentes estadios de crecimiento y floración repartidas en diez de las once naves y domicilios investigados. En uno de los cuatro domicilios que se usaban como residencia se localizaron un total de 12 kilos secos de marihuana preparados para la distribución en bolsas precintadas de un kilogramo cada una y 1.530 euros en efectivo. Durante el dispositivo policial se detuvieron a 20 personas, aunque el número total de investigados asciende a 33.
Los detenidos pasaron a disposición judicial el 2 de marzo y el juez decretó prisión para siete de los detenidos y libertad con cargos para el resto.
