La sección mercantil número 1 del tribunal de instancia de Lleida ha dictado recientemente la exención definitiva de un pasivo económico que ascendía a 268.007,44 euros correspondiente a un matrimonio local que arrastraba una situación de insolvencia superior a los quince años. Este contexto adverso se inició, según consta en el procedimiento, a raíz de una campaña agrícola especialmente negativa vinculada a la producción y venta de fruta.
Orígenes y causas del endeudamiento
El afectado matrimonio optó por comercializar su cosecha mediante un comprador con varias fruterías ubicadas en Barcelona, hecho que les privó de la opción de exportar sus productos como hicieron otros agricultores integrados en cooperativas agrarias. Esta decisión estratégica, sumada a las condiciones meteorológicas adversas —como varias heladas que dañaron la cosecha— y la ausencia de un seguro específico para cubrir estos riesgos, provocó pérdidas significativas.
Ante esta situación, la pareja se vio obligada a solicitar múltiples créditos para mantener la actividad agrícola y afrontar las temporadas siguientes. Sin embargo, según han explicado los afectados a lo largo del proceso judicial, el crecimiento progresivo de los intereses vinculados a los préstamos hizo insostenible el pago periódico de las cuotas acordadas.
La exoneración del pasivo se ha realizado en el marco legal establecido por la Ley 25/2015, conocida como Ley de la Segunda Oportunidad, que facilita a los deudores individuales —incluyendo a empresarios y autónomos— una vía jurídica para reducir o eliminar sus compromisos financieros cuando cumplen determinados requisitos. En este caso concreto, el tribunal ha considerado fundamental la acreditación prolongada del periodo de insolvencia y las circunstancias excepcionales derivadas del sector agrario.
Declaraciones de los protagonistas y representantes legales
Marta Bergadà, abogada defensora de los intereses de los agricultores implicados en esta causa, ha manifestado: "Los profesionales del sector agrario son imprescindibles para el sostenimiento económico territorial y nacional; por eso es esencial garantizarles mecanismos jurídicos adecuados que faciliten su continuidad ante situaciones extraordinarias".
Por otro lado, los afectados han detallado que durante aquel período sufrieron también la llegada al mercado de nuevas variedades frutales que desvalorizaron considerablemente su producto tradicional, agravando así la crisis económica personal.
Bergadà señala que este caso ejemplifica “la realidad con la que se encuentran numerosos agricultores actualmente”, marcada por factores externos como fenómenos meteorológicos adversos reiterados —incluyendo heladas intensas— combinados con costes elevadísimos en procesos productivos y márgenes reducidos en ventas.
