La Cáritas Diocesana de Lleida ha alertado recientemente de que varios empresarios de las comarcas de Ponent se niegan a hacer contratos laborales regulares a los trabajadores que se han acogido al proceso de regularización. Según la entidad, se han detectado al menos cinco casos en las últimas semanas, aunque sospechan que el número real podría ser más elevado.
Esta situación afecta gravemente a los temporeros, ya que necesitan acreditar cotizaciones para poder renovar su documentación administrativa. Además, Cáritas destaca que la vulnerabilidad de este colectivo —tanto de quienes no disponen de papeles como de quienes sí— provoca que muchos queden "atrapados" durante todo el año en Ponent, sin recursos para trasladarse a otras campañas agrícolas repartidas por todo el Estado.
La atención continuada a los temporeros desde hace dos décadas
Desde hace veinte años, Cáritas Lleida presta asistencia a las personas que llegan con motivo de la campaña frutera. Inicialmente, este apoyo se limitaba a los meses concretos de actividad agrícola, pero ahora se ha ampliado a lo largo de todo el año. Esto responde al hecho de que muchos temporeros permanecen una vez finalizada una campaña, esperando una nueva oportunidad laboral.
Condiciones precarias y viviendas inadecuadas
Uno de los principales retos es la condición de vivienda de los temporeros: viven en "infraviviendas" insalubres e inseguras. Los trabajos disponibles a menudo forman parte de la economía sumergida y son puntuales, lo que impide obtener ingresos suficientes para afrontar desplazamientos hacia otras zonas donde haya campañas activas.
Jordi Guerrero, responsable del programa Temporeros y Exclusión Residencial de Cáritas Lleida, explica: "Ven que los ingresos son menos que los gastos que han generado y, por lo tanto, se quedan atrapados. No es por voluntad propia, porque si fuera por ellos irían a otras campañas".
Dificultades añadidas con el proceso de regularización
Esta situación se complica aún más con el aumento de inspecciones laborales en los campos agrícolas. Guerrero señala: "Las personas en situación irregular cada vez tienen más dificultades para encontrar trabajo", pero añade también una problemática nueva: "Hay empresarios que se han negado a contratarlos regularmente después de haberse acogido a la regularización".
Este hecho deja a estos trabajadores sin ocupación formal ni posibilidades reales para demostrar cotizaciones necesarias para renovar sus permisos administrativos: "Les han dicho que no les quieren hacer contratos y ahora se encuentran que pierden el trabajo", afirma Guerrero.
Datos actuales de atención social y perfil de los temporeros
El incremento progresivo del número de atenciones queda patente en las cifras facilitadas por Cáritas Diocesana. En 2024 atendieron a 150 personas temporalmente vinculadas al sector agrícola; esta cifra creció hasta las 225 el pasado año 2025. De este total, cerca de un centenar fueron atendidas fuera del periodo estrictamente vinculado a las campañas agrícolas.
La organización dispone actualmente de puntos de atención ubicados en Alcarràs, Vilanova de la Barca, Torrelameu, así como desde el pasado verano también en Corbins. En estos centros técnicos y voluntarios ofrecen asesoramiento sobre derechos laborales, acceso a vivienda digna y distribución básica de alimentos, productos de higiene y ropa. Además, han ayudado aproximadamente a treinta personas en el proceso excepcional promovido por el gobierno español para obtener la regularización documental.
El estudio demográfico indica un perfil predominantemente masculino entre los atendidos —mayoritariamente hombres entre 18 y 65 años— procedentes principalmente de Marruecos y Senegal; seguidos después por Argelia y Guinea.
Posición del sindicato Unió de Pagesos ante esta problemática
Por otro lado, desde el sindicato Unió de Pagesos (UP), han manifestado no tener constancia directa sobre casos donde empresarios rechacen formalizar contratos con temporeros ya regularizados. La responsable del sector temporero en el sindicato, Carol Aixut, ha declarado: "La realidad es que los productores tienen que contratar trabajadores regularizados y cada agricultor es libre de decidir si lo hace o no".
Aixut ha recordado también cómo el sindicato reclamó hace tiempo iniciar procesos extraordinarios de regularización debido al fuerte incremento en la demanda laboral agrícola; una necesidad "que actualmente está empezando a estabilizarse" según apunta.
