La Audiencia de Lleida ha desestimado el recurso presentado por el abogado de los padres de Nadia Nerea contra la decisión del decanato de que sea el mismo juzgado de instrucción número 1 de la Seu d'Urgell, que investiga la presunta estafa, quien asuma también la investigación de la causa contra los padres por exhibicionismo, provocación y explotación sexual. La defensa consideraba que la competencia de este procedimiento no corresponde a los juzgados de la capital del Alt Urgell, porque las decenas de fotografías que se están investigando fueron tomadas entre 2008 y 2011, cuando la familia vivía en Biniali, Mallorca. La Audiencia, sin embargo, no ha admitido el recurso y
por lo tanto confirma que sea el juzgado de la Seu d'Urgell quien investigue, en un procedimiento aparte, la nueva causa contra Fernando Blanco y Marga Garau sobre las decenas de fotografías "de contenido sexual" encontradas por los Mossos d'Esquadra en la memoria USB del padre, Fernando Blanco.
Según el abogado del matrimonio, tanto él como su esposa, Marga Garau, aseguraron en la declaración judicial que son fotografías "familiares normales". El abogado, Alberto Martín, explicó que las fotografías que se están investigando fueron tomadas entre 2008 y 2011, cuando la familia vivía en Biniali, Mallorca, y presentó un recurso solicitando que se trasladara la causa a las Islas Baleares. La Audiencia de Lleida, sin embargo, ha desestimado esta petición. Los padres de Nadia Nerea explicaron que las fotografías que los Mossos d'Esquadra encontraron en la memoria USB fueron tomadas en el marco de un ámbito "familiar, personal y natural" y con el objetivo de "hacer seguimiento de la piel de la niña", según dijo el abogado de la pareja. Según su opinión, las fotografías "no son pornográficas" aunque reconoció que se trata de cuestiones de carácter "subjetivo". "Hay fotografías que para una persona pueden ser normales y a otra le pueden parecer pornográficas", dijo. El mismo juzgado de la Seu d'Urgell también investiga a Blanco y Garau, en una causa aparte, por estafa, por haber supuestamente recaudado 918.000 euros en donativos que debían destinarse a intervenciones médicas de la menor y que finalmente no se habrían llevado a cabo. De esta cantidad se habrían gastado cerca de 600.000 euros.