Los Mossos d'Esquadra harán un seguimiento discreto a Dino Marcello Miller, un preso considerado peligroso que saldrá inminentemente de la prisión de Lleida. La vigilancia será no invasiva y tendrá como objetivo mantener controlada su actividad sin vulnerar sus derechos como ciudadano en libertad, según ha informado La Vanguardia.
Miller, de 56 años, es un antiguo atracador de bancos que a finales de los años noventa asesinó a tres personas. La Fiscalía de Lleida ha ordenado este seguimiento después de recibir varios informes del centro penitenciario que alertan que no está rehabilitado ni ha seguido ningún tratamiento durante su estancia en prisión.
RIESGO DE REINCIDENCIA
No es la primera vez que sale en libertad. En diciembre de 2020 ya abandonó el Centro Penitenciario de Ponent después de cumplir veinte años de condena. Entonces, las autoridades también advirtieron de un riesgo elevado de reincidencia.
Solo cuatro meses después, y aprovechando el uso obligatorio de la mascarilla durante la pandemia de la covid-19, cometió dos robos violentos en supermercados, hecho que lo llevó nuevamente a prisión.
Ahora, después de cumplir cuatro años más y haber liquidado las deudas con la justicia, volverá a salir en libertad. Un informe de la junta de tratamiento penitenciario, enviado a la Fiscalía, vuelve a advertir del riesgo de reincidencia, motivo por el cual se ha activado el dispositivo policial.
El control de los Mossos tendrá importantes limitaciones legales. Los agentes no podrán geolocalizarlo, ni instalar dispositivos de seguimiento, ni intervenirle el teléfono. Tampoco podrán obligarlo a informar sobre su domicilio o su trabajo.
El seguimiento se limitará a obtener información por vías indirectas para conocer dónde se establece y cuál es su estilo de vida, sin traspasar los límites de la legalidad.
Según explica el abogado penalista Eloi Castellarnau, “la policía no puede vigilar a un ciudadano solo por su peligrosidad potencial”, ya que esto supondría entrar en un modelo de derecho penal preventivo sin base legal. En este caso, tampoco se aplicó ninguna medida como la libertad vigilada en la sentencia.
Fuentes policiales señalan que este tipo de órdenes son habituales. En Barcelona, la Fiscalía dicta entre diez y quince cada mes ante la liberación de presos no rehabilitados.
