La obra del césped del Camp d'Esports comenzó sin proyecto y la Paeria copió el presupuesto de la empresa que ganó la adjudicación. Así lo certifica el Comú de Lleida, que lamenta esta forma de proceder por parte del gobierno de Àngel Ros, con irregularidades que saldrán muy caras a la ciudad. Ros, que ha llevado gran parte de este tema de forma personal, evidencia un desprecio a los procedimientos legales y a la obligatoriedad de permitir, en una licitación pública, la igualdad de oportunidad a todas las empresas. Y, el viernes, quiere implicar al propio pleno municipal para avalar una adenda económica para pagar una licitación llena de irregularidades.
Desde la agrupación se busca conseguir que la ciudadanía obtenga explicaciones a muchas irregularidades. Como, por ejemplo, que el presupuesto que contiene el proyecto ejecutivo que elabora el Ayuntamiento de Lleida se realiza en base al de una de las empresas licitadoras (concretamente, la ganadora: Royal Verd), llegando a copiar íntegramente la mayoría de los conceptos, incluso, el nombre de los materiales específicos que utilizará esta empresa.
Según el Comú, pretender hacer creer que a partir del conocimiento de lo que dice la ley "El Ayuntamiento obligó al Lleida Esportiu a parar el proceso y volver a iniciarlo con las nuevas normas" es hacer ficción y huir del estudio para no dar las explicaciones que la ciudadanía requiere. El Comú lleva semanas supervisando este expediente y en ningún momento han visto que se paralizara el proceso de licitación.
El Comú fue el único grupo municipal que votó en contra de este convenio en el pleno del pasado mes de julio, argumentando que la fórmula escogida evidenciaba "el desorden en la gestión de este equipo de gobierno y que, además, no permite que una licitación de unos 1,5 millones de euros (contando también los campos de fútbol de barrio) sea pública". Una inversión de esta magnitud, han defendido y defienden, debe estar definida en el presupuesto vía inversiones.
El Comú siempre se ha opuesto a esta forma de externalizar una licitación, que debería haber hecho el ayuntamiento en tanto que están en una instalación municipal y se hacen con dinero público.
Una vez más, se pedía que se respetaran los principios básicos de cualquier licitación de carácter público: publicidad, concurrencia, transparencia, no discriminación e igualdad de trato. Unos fundamentos de licitación pública que, una vez más, el equipo de gobierno de Ros pisotea cuando prescinde de la publicidad y la libre concurrencia y opta por hacerlo a dedo. Una manera habitual de proceder que no sólo es ilegal, sino que sale muy cara.
El Comú piensa que antes del pleno es necesario que los grupos municipales dispongan de un informe jurídico que avale todo el procedimiento y que deje claras las posibles repercusiones jurídicas para aquellos concejales que voten a favor si el caso acaba en los tribunales. Remarcan que en todo el expediente no hay ningún informe jurídico del secretario general.
