Un grupo de unas cincuenta trabajadoras de los centros geriátricos Balàfia I y II, situados en Lleida, se han concentrado este miércoles en el exterior del primero de estos equipamientos para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y retributivas. Las trabajadoras denuncian que la compañía pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), responsable de la gestión de los centros, aplica criterios dispares según convenga, combinando medidas propias tanto del sector público como del privado, pero sin asumir los compromisos laborales ni económicos asociados.
Reclamación de un convenio laboral claro para los 130 empleados
Las profesionales exigen a GSS que establezca un marco normativo único para los 130 trabajadores implicados. Piden que se aplique o bien el convenio estatal de residencias, que implicaría un aumento salarial acumulado superior al 9%, o el convenio público con las correspondientes mejoras en derechos laborales.
Los sindicatos convocan la protesta con mensajes claros
Convocadas por los sindicatos UGT y CCOO, las manifestantes han desplegado una pancarta delante de la residencia Balàfia I donde se podía leer: "Queremos las mismas condiciones que el resto de GSS". Durante el acto, se han oído silbidos y gritos como "empresa pública, salarios de privada" y "esto es una estafa", mostrando su malestar ante la situación actual.
Diferencias en incrementos salariales según convenios
Elena Motos, representante sindical de CCOO, ha explicado que el convenio estatal prevé subidas del 4,5% para 2024 y del 4,36% para 2025, lo que supondría un incremento acumulado cercano al 9%, con un aumento mensual aproximado de unos 100 euros dependiendo del cargo profesional. No obstante, ha denunciado que GSS limita el incremento salarial de los trabajadores públicos al 2,5%, a pesar de que estos no disfrutan realmente de los beneficios laborales propios de este sector.
Afectaciones laborales más allá del salario
Por otro lado, Béa Bonilla, secretaria general de Servicios Públicos de UGT en Lleida, ha indicado que el problema no es solo económico sino también normativo. Ha afirmado: "este es un tema vinculante al convenio aplicable; ahora mismo GSS está aplicando lo peor de cada convenio. Si son empleadas públicas habría que garantizar jornadas reducidas, ratios adecuadas y derechos similares a los del sector público. En cambio, si se trata de una gestión privada se debería aplicar el convenio correspondiente con los incrementos salariales establecidos".
Amenaza de nuevas movilizaciones y petición de intervención institucional
Ambas representantes sindicales consideran injusta esta situación hacia las trabajadoras y avisan que podrían convocar nuevas protestas si no se encuentra una solución satisfactoria. Además, reclaman una posición clara de los departamentos responsables: Salud y Derechos Sociales deben determinar qué marco laboral corresponde a los centros Balàfia I y II, integrados dentro de la red pública dedicada a la atención a personas mayores.