La Audiencia de Lleida ha condenado a seis años de prisión al acusado de obligar a mujeres procedentes de Venezuela a prostituirse en los dos bares que regentaba en Lleida. La sala lo considera culpable de un delito de trata de seres humanos en concurso con un delito de prostitución coactiva y lo condena también a pagar una indemnización de 3.000 euros a una de las mujeres, que declaró en el juicio como testigo protegida. La Audiencia de Lleida, en cambio, ha impuesto una pena menor a la otra acusada y la condena a seis meses de prisión por un delito de inmigración ilegal. Considera que la acusada solo acompañaba a las mujeres hasta Lleida, donde terminaba su relación con las víctimas, mientras que el acusado era quien contactaba con las mujeres, las engañaba prometiéndoles trabajo como camareras para que vinieran a Lleida, organizaba y pagaba los viajes y una vez en Lleida las alojaba y las obligaba a prostituirse para que le pudieran pagar una supuesta deuda.
El juicio tuvo lugar en la Audiencia de Lleida el 28 de junio y los acusados negaron las acusaciones. Los encausados, un hombre propietario de dos bares de copas en la ciudad de Lleida y una mujer de origen venezolano que fue pareja sentimental de este, se acusaron mutuamente de encargarse del traslado de las mujeres de Venezuela hasta Lleida. Él declaró que las ayudaba a viajar hasta Lleida porque eran conocidas de la otra acusada y entonces pareja suya, como favor, y que querían venir a España para hacer compraventa de ropa. Ella dijo que el acusado le pedía que las acompañara o las fuera a buscar porque quería que trabajaran de camareras en sus locales. Ambos han negado que una vez en Lleida las obligaran a prostituirse ni que tuvieran constancia de que se dedicaran a la prostitución. La fiscalía solicitaba para cada uno de los acusados una pena de siete años de prisión por un delito de trata de seres humanos y coacción y una multa de 5.400 euros. Además, pedía que indemnizaran con 10.000 euros a la víctima que denunció los hechos y que colaboró con la policía como testigo protegido. Las defensas pedían la absolución. La investigación se inició el 22 de septiembre de 2014 cuando la Ucrif, la unidad de la policía española contra las redes de inmigración y falsificación documental, localizó en un local de Terrassa a una joven venezolana en situación irregular. La mujer explicó que su marido había muerto y tenía que mantener a una hija así que a través de un conocido contactó con los acusados, que le ofrecieron ir a Lleida a trabajar de camarera, en uno de los locales del acusado, a cambio de entre 10 y 30 euros por copa. La acusada es una mujer de 26 años, nacida en Venezuela y residente en Valencia, y el otro acusado es propietario de varios pubs en Lleida donde presuntamente se obligaba a mujeres procedentes de Venezuela a prostituirse. Según la testigo protegida, cuatro mujeres, incluida ella, vivían en un piso en Lleida y solo salían para ir a los locales a trabajar. El acusado les reclamaba, según la misma víctima, 3.000 euros más los gastos de viaje y alojamiento, que le tenían que pagar prostituyéndose a cambio de 50 euros por servicio y las amenazaba diciendo que si no cumplían, mataría a sus familiares en Venezuela. Se sospecha que los acusados tramitaron la repatriación de, como mínimo, ocho mujeres, entre los años 2012 y 2013.
