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El Juzgado Mercantil número 1 de Lleida ha dictado una sentencia que exime a un matrimonio autónomo de una deuda acumulada de 131.816,90 euros, resultado directo de las dificultades económicas derivadas de la crisis sanitaria del Covid-19. Esta pareja vio cómo sus negocios se vieron gravemente afectados por las medidas restrictivas implantadas durante la pandemia.
Además de acogerse a la exoneración del pasivo insatisfecho, el juez ha aprobado un plan de continuidad presentado por los abogados representantes, según el cual harán pagos mensuales de 50 euros a los acreedores durante un periodo de tres años, manteniendo así la propiedad de su domicilio habitual.
Impacto en el sector hostelero
El hombre, con más de una década gestionando un establecimiento de hostelería, adquirió en 2019 un local más grande y bien situado con una inversión aproximada de 60.000 euros en reformas. El negocio abrió puertas en enero de 2020 con una plantilla formada por trece trabajadores. Sin embargo, las restricciones impuestas a partir de marzo obligaron a cerrar el local antes de que pudieran amortizar la inversión inicial.
Tal como explican: “Estuvo abierto pocos meses y en un periodo de tiempo tan corto no pudimos recuperar nada de la inversión hecha. Además, era una situación desconocida y no sabíamos cuánto duraría”.
Esta situación se agravó con limitaciones adicionales sobre aforo y horarios que impedían una recuperación viable. “Había poco trabajo y, con los trabajadores en ERTE, tampoco podíamos hacer despidos. Esto supuso un coste muy importante”, remarcan los afectados. Finalmente, a pesar de los esfuerzos por cumplir con las obligaciones salariales durante los once meses que sufrieron pérdidas constantes, se vieron forzados a cerrar definitivamente.
El impacto en el negocio físico y digital
Por otro lado, la mujer inició en 2018 una actividad comercial online y posteriormente abrió una tienda física después de invertir unos 20.000 euros en alquiler y adaptación del local.
La irrupción del coronavirus truncó completamente esta iniciativa: “Las medidas que se aplicaron cuando se me permitió reabrir hicieron que todo fuera más complicado y, además, la gente dejó de comprar en tiendas físicas”. Además, se encontró con exceso de stock que debía vender a precios reducidos y se vio obligada a recurrir a la financiación para hacer frente a los pagos pendientes.
Dificultades familiares y financieras durante la pandemia
Ambos eran autónomos con dos hijos pequeños y afrontaban gastos familiares fijos a pesar de no generar ingresos durante períodos prolongados; además tenían hipotecada la vivienda habitual: “Intentamos cumplir nuestras obligaciones y llegamos a pagar hasta 4.000 euros al mes. Era una auténtica angustia y aquella situación no era vida, porque sobrevivíamos como podíamos y nos quitaba el sueño”.
A todo esto se sumaba también la imposibilidad de obtener facilidades bancarias: “Ningún banco aceptó nuestra propuesta [de rehipotecar para reducir cuotas]. Intentamos buscar una solución para no retrasarnos con los pagos, pero fue imposible”. Marta Bergadà —abogada responsable— destaca que esta realidad es común entre muchos autónomos vulnerables.
Acompañamiento jurídico y proceso judicial
A mediados de 2024 contactaron con Bergadà Abogados, donde comprobaron su elegibilidad bajo la Ley de Segunda Oportunidad. La abogada Marta Bergadà indica: “Sabíamos que no sería un procedimiento fácil pero desde el primer minuto luchamos por la exoneración de sus deudas y que conservaran su patrimonio”.
Los clientes exponen haber sufrido presión constante de los acreedores vía llamadas telefónicas masivas. En este sentido Bergadà señala: “es crucial que los consumidores sepan que tienen derechos que protegen su privacidad y dignidad”.
Más recientemente el tribunal ha aceptado formalmente tanto la exoneración como el plan establecido por el cual abonarán mensualmente 50 euros durante tres años manteniendo su vivienda habitual.
