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El jefe de la oposición en la Paeria, Xavier Palau, ha anunciado que el PP pide que la Paeria no apruebe definitivamente el proyecto ejecutivo del Hub de Balàfia hasta que se hayan analizado, documentado y resuelto todas las cuestiones planteadas en las alegaciones presentadas por el grupo municipal.
Las alegaciones analizan diferentes aspectos jurídicos, técnicos, urbanísticos y procedimentales del expediente, y ponen sobre la mesa contradicciones entre versiones del proyecto, cuestiones relacionadas con la supervisión administrativa, dudas sobre la compatibilidad urbanística de los usos previstos y carencias de trazabilidad documental.
Por este motivo, el PP pide, entre otras cuestiones, una mayor trazabilidad entre las diferentes versiones del proyecto, la acreditación de las competencias y los medios empleados en la supervisión, un pronunciamiento urbanístico específico sobre los usos previstos y la verificación de la documentación que estuvo disponible durante el trámite de información pública.
Dos versiones del proyecto con 277.772,90 euros de diferencia
Uno de los primeros aspectos analizados es la existencia de dos versiones del proyecto ejecutivo. El decreto de nombramiento de la supervisora identifica una versión firmada el 22 de mayo de 2026, con un importe sin IVA de 6.277.752,71 euros, mientras que el proyecto aprobado inicialmente, firmado el 20 de julio de 2026, reduce este importe hasta los 5.999.979,81 euros.
Esto supone una diferencia de 277.772,90 euros sin IVA. El PP considera que esta reducción debe explicarse de manera detallada y documentada, sin calificarla de irregularidad por sí misma. En este sentido, Palau defiende que “no decimos que reducir el coste sea malo. Al contrario. Pero si un proyecto pasa de una versión a otra y desaparecen 277.772,90 euros del presupuesto, queremos saber exactamente qué ha cambiado”.
Las alegaciones piden concretar si los cambios afectan mediciones, precios, unidades de obra, soluciones constructivas, instalaciones, usos, accesibilidad, estructura o protección contra incendios, y reclaman reconstruir la trazabilidad entre el proyecto básico municipal publicado en 2025 y las versiones ejecutivas de mayo y julio de 2026.
Palau pide que “el gobierno debe poner sobre la mesa un documento comparativo, partida por partida. No queremos explicaciones políticas: queremos trazabilidad documental.”
La supervisión del proyecto
Otro de los puntos centrales de las alegaciones es la supervisión. El mismo decreto municipal de nombramiento de la supervisora reconoce que el Ayuntamiento no tiene constituida la Oficina de Supervisión de Proyectos y que posteriormente se nombra a una arquitecta municipal para ejercer materialmente estas funciones.
El PP insiste en que no cuestiona la capacidad profesional de la técnica nombrada, sino que pide que el Ayuntamiento acredite qué órgano o unidad tiene atribuida esta función, qué competencia funcional la ampara y qué medios personales y técnicos había disponibles.
“Que quede muy claro: nosotros no cuestionamos a ninguna funcionaria. Cuestionamos si el procedimiento administrativo está suficientemente acreditado. La responsabilidad es del gobierno, no de los técnicos”, afirma Palau, que añade que, si el Ayuntamiento considera que la supervisión se ha hecho correctamente, “que lo acredite documentalmente”.
Compatibilidad urbanística de los usos previstos
El PP también pide un pronunciamiento urbanístico específico sobre los usos del futuro Hub. Las alegaciones detectan diferencias entre la clasificación de los usos que aparecía en el proyecto básico y la que consta en diferentes documentos del proyecto ejecutivo, especialmente en relación con los usos residenciales y asistenciales de los edificios 1 y 2.
Además, el informe de supervisión señala que el POUM aprobado inicialmente atribuye al inmueble la categoría SE1, equipamiento comunitario docente, mientras que el proyecto prevé un uso sociocomunitario, e indica que esta categoría se prevé corregir en la aprobación provisional del planeamiento.
Para el PP, esta cuestión no se puede dar por resuelta confiando en que se corregirá posteriormente. Palau considera que “no podemos construir primero y arreglar el planeamiento después” y pide que, antes de la aprobación definitiva, la Paeria acredite la cobertura urbanística de la actuación.
En este sentido, solicita un informe jurídico y urbanístico específico que determine qué uso tiene cada espacio, cuál es su cobertura urbanística y si el proyecto está afectado por el régimen de suspensión derivado del nuevo POUM.
La documentación disponible durante la información pública
Las alegaciones también piden que el Ayuntamiento certifique qué documentación estuvo efectivamente disponible para la ciudadanía durante el periodo de información pública, desde qué fecha y mediante qué sistema de acceso.
Entre los documentos que el PP pide que se verifiquen se encuentran el informe de supervisión, el informe técnico municipal, la documentación de Bomberos y otros antecedentes relevantes.
Palau defiende que “la información pública no puede ser un trámite de fachada” y que los vecinos deben disponer de la información esencial para poder entender la actuación y formular alegaciones con conocimiento suficiente.
En este sentido, afirma que “los vecinos de Balàfia tienen derecho a saber exactamente qué se les quiere construir en el barrio, qué usos tendrá, qué personas serán atendidas y con qué garantías se hará”.
El escrito, sin embargo, no sostiene que cualquier documento interno del Ayuntamiento tuviera que haber sido necesariamente publicado como un archivo independiente, sino que defiende que la ciudadanía debe poder acceder a la documentación esencial para comprender el expediente y formular alegaciones de manera informada.
Bomberos, superficies, contrato de redacción y valor estimado
Las alegaciones también piden aclaraciones sobre la correspondencia de la documentación informada por Bomberos con la versión final del proyecto, las discrepancias detectadas en las superficies, la cronología del contrato de redacción y la determinación del valor estimado.
En este punto, Palau resume la posición del grupo asegurando que “cuando hablamos de una obra de más de siete millones de euros, cualquier discrepancia se debe explicar y documentar antes de aprobar definitivamente el proyecto.”
El PP pide completar el expediente antes de la aprobación definitiva
Por todo ello, el Grupo Popular pide que el proyecto no sea aprobado definitivamente en su redacción actual y que antes se completen las verificaciones e informes necesarios.
Entre las peticiones se encuentran un informe comparativo integral entre las diferentes versiones del proyecto, la acreditación de las competencias y los medios de la supervisión, informes urbanísticos específicos, la verificación de la documentación sometida a información pública y la aclaración de la cronología contractual y del valor estimado del futuro contrato.
Palau asegura que el PP hará un seguimiento exhaustivo del expediente, de cada respuesta, informe y documento, y advierte que, si el gobierno quiere continuar con el proyecto, deberá explicar y justificar los puntos planteados.
El líder del PP en la Paeria concluye que “Balàfia no necesita imposiciones; necesita garantías, transparencia y respeto” y defiende que, antes de hablar de las obras, hay que resolver las cuestiones planteadas: “Primero transparencia, primero garantías y primero rigor. Después, ya hablaremos de las obras.”
El Grupo Municipal Popular considera así que las alegaciones presentadas son una oportunidad para que la Paeria corrija y complete el expediente y acredite documentalmente todos los extremos necesarios antes de adoptar una decisión definitiva.
