La Comisión Informativa de Seguridad, Movilidad, Civismo y Convivencia del Ayuntamiento de Lleida ha dado luz verde inicial a una reforma de la Ordenanza de Movilidad que permitirá a los ciudadanos empadronados en viviendas situadas en suelo rústico del municipio ser considerados como residentes de zona azul. Esta medida les facilitará acceder a las mismas bonificaciones de estacionamiento con horario regulado que disfrutan los habitantes del casco urbano con tarifa residente.
En este sentido, Cristina Morón, tercera teniente de alcalde y concejala responsable de Seguridad, Movilidad y Civismo, ha señalado que “el objetivo es equiparar los derechos de las personas que viven en suelo rústico con los que viven en la zona urbana de Lleida y que tengan más facilidades en su movilidad diaria”.
Dificultades de movilidad en la Huerta
Cabe destacar que las personas residentes en l'Horta de Lleida no disponen de una alternativa viable al vehículo privado para desplazarse hasta los servicios básicos —como centros sanitarios, educativos, deportivos o administrativos— ubicados mayoritariamente en el centro urbano donde se regula el aparcamiento. Además, estos ciudadanos no tienen garantizados ni el acceso a pie ni el transporte público adecuado para llegar. El Ayuntamiento recuerda también que no tiene competencias sobre el servicio regular de autobuses en esta zona y, por lo tanto, no puede garantizar un transporte público competitivo.
La asignación del distintivo residente comporta una rebaja significativa en el coste del parking y permite estacionar durante toda una jornada entera, hecho especialmente relevante para facilitar gestiones o asistir a actividades formativas.
Esta reforma deberá obtener primero el visto bueno inicial del Pleno municipal. Posteriormente, será sometida a información pública así como a audiencia de los interesados y también pasará por el Consejo de Personas Consumidoras de Cataluña antes de ser definitiva.
Actualización normativa sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP)
Por otro lado, la revisión incluye una adaptación respecto a los vehículos de movilidad personal según la legislación estatal vigente. En este ámbito se establece la obligatoriedad de un seguro obligatorio de responsabilidad civil para estos vehículos así como un plazo hasta el 22 de enero de 2027 para que todos cuenten con homologación oficial y placa identificativa emitida por la Dirección General de Tráfico (DGT).
Además, se define claramente qué vehículos se incluyen dentro de esta categoría: aquellos dotados de una o más ruedas con una única plaza y propulsados exclusivamente mediante motores eléctricos con capacidad para alcanzar velocidades máximas hasta 25 km/h.
Datos sobre siniestralidad y actuaciones cívicas
Dentro de la misma sesión informativa se expuso también un balance preliminar de los primeros dos meses del presente año en cuanto a los accidentes implicando VMPs y bicicletas. En concreto se ha registrado una disminución de los siniestros asociados a los VMPs del 42,86% mientras los relacionados con bicicletas han bajado un 31,82%. Paralelamente, las denuncias vinculadas al tráfico han caído un 22,69%.
Asimismo, se ha puesto énfasis en el notable incremento —del 228,19% respecto al mismo período anterior— de intervenciones realizadas por los agentes cívicos (4.680 actuaciones). Entre estas destaca especialmente la inspección sistemática de basuras abandonadas fuera de los contenedores destinados a identificar posibles infractores mediante datos personales localizados.