El Ayuntamiento de Tàrrega ha aprobado en sesión ordinaria del Pleno y por unanimidad un Plan de Medidas Antifraude que impulsará en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. La propuesta se acompañó de una declaración institucional de lucha contra el fraude. Mediante esta herramienta, el municipio podrá recibir las ayudas europeas del fondo 'Next Generation'. El plan supondrá "una mejora de la infraestructura de transparencia y buen gobierno ya existente en el ente con el fin de reforzar los mecanismos de prevención, detección y persecución del fraude, la corrupción y los conflictos de interés", se dice en la declaración.
La sesión, celebrada ayer jueves por la noche, también dio luz verde con apoyo unánime a una modificación de precios públicos de las Guarderías La Pau y El Niu para incorporar la gratuidad de la escolarización del curso I2. El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña asumirá el gasto de este servicio aportando 1.600 euros por cada plaza de I2. Las familias podrán acceder así de forma gratuita a la escolarización del tercer curso del primer ciclo de educación infantil en las guarderías municipales (tan solo deberán cubrir el coste de los servicios opcionales de comedor y acogida). La alcaldesa Alba Pijuan Vallverdú explicó que, una vez finalizado el período de preinscripción, las dos guarderías municipales podrán cubrir igualmente la demanda y que no se deberá recurrir al sorteo de plazas.
El área de Finanzas llevó a votación del Pleno otras propuestas como dos modificaciones de presupuesto en las que se destinan un total de 235.000 euros provenientes del remanente de tesorería a gastos de funcionamiento orgánico del ente. Votaron a favor ERC, CUP y PSC (Equipo de Gobierno), y en contra Junts per Tàrrega. Por otro lado, se acordó de forma unánime la aportación económica anual destinada a la EMD El Talladell, que asciende a 95.039 euros. Asimismo se dio cuenta de diferentes informes como el plan de ajuste financiero o el período medio de pago a proveedores, que en el primer trimestre del año 2022 se sitúa en 19,57 días (el umbral legal es de 30 días).
Tàrrega dio también luz verde por unanimidad al reglamento que se aplicará al mercado de paradistas de la Feria de Teatro en la Calle. La normativa regulará la reserva de espacios según la experiencia de los paradistas, el producto de arte y artesanía a la venta, la estética de la parada y otros criterios de calidad. Igualmente prosperó la propuesta de calendario de días festivos locales para el año 2023, que serán el viernes 12 de mayo y el viernes 8 de septiembre. Asimismo se aprobó de forma definitiva la expropiación de una finca urbana en La Figuerosa alrededor del antiguo castillo del pueblo. Este terreno tendrá usos como espacio verde y vialidad en el marco del proyecto de ampliación de la calle del Castillo.
La sesión del Pleno incorporó de forma urgente al orden del día el anuncio de renuncia al cargo de la actual Jueza de Paz, Inma Martín, la cual aduce no disponer de tiempo necesario para prestar el servicio. La renuncia se hará efectiva cuando lo ratifique el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El consistorio iniciará en breve los trámites para nombrar a la persona sustituta.
Por otro lado, se aprobó por unanimidad una moción de apoyo a los Juzgados de Paz ante el proyecto de ley tramitado por las Cortes Generales que contempla su supresión. El documento ha sido llevado a votación del Pleno por Junts per Tàrrega y también ha recibido el apoyo de ERC y CUP mientras que el PSC se ha pronunciado en contra. La moción reivindica la tarea eficiente y eficaz de los jueces y juezas de paz "a favor de la proximidad de la justicia al territorio y a las personas en la resolución de los conflictos". Asimismo, se insta al gobierno del Estado y a los grupos parlamentarios a modificar el proyecto de ley para mantener las actuales funciones de los Juzgados de Paz. En la moción se recuerda que 898 municipios catalanes cuentan con Juzgado de Paz, como es el caso de Tàrrega, en el marco de una estructura judicial competente en los ámbitos civil, penal y de Registro Civil. La moción también hace hincapié en el hecho de que "la eliminación de los Juzgados de Paz supone un vaciado de las competencias reconocidas en Cataluña".
