La Generalitat pagará una indemnización de 617.473 euros a las familias de los dos agentes rurales asesinados en Aspa (Segrià) en enero de 2017, después de que un cambio legislativo permita asumir la parte de la compensación que había quedado pendiente. Hasta ahora, el Govern había rechazado hacerse cargo de esta cantidad.
Tal como ha avanzado 3Cat, la decisión llega después de la aprobación de un decreto ley que amplía la protección de los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales.
Una indemnización que había quedado pendiente
La Audiencia de Lleida condenó al cazador responsable de los hechos a 45 años de prisión: 22 años por cada uno de los dos asesinatos y un año más por tenencia ilícita de armas. La sentencia también fijaba una indemnización total de 1.077.473 euros para las familias de las víctimas.
Como que el condenado se declaró insolvente, solo se pudieron cobrar 300.000 euros, abonados por su seguro, que era el límite de la póliza. Los hijos de los dos agentes también percibieron una compensación a través del seguro de la Generalitat.
El resto de la indemnización había quedado sin cobrar después de que el Govern rechazara inicialmente asumir el pago.
Un cambio legal desbloquea el pago
La situación ha cambiado gracias a un decreto ley aprobado el pasado marzo, que reconoce este derecho a los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales.
El abogado de las familias, Pau Simarro, ha explicado que, una vez publicada la nueva norma, volvieron a reclamar la indemnización y la Generalitat ha aceptado finalmente pagar la diferencia entre el dinero abonado por el seguro del cazador y la cantidad reconocida por la sentencia.
Según Simarro, esta modificación legal garantiza que, a partir de ahora, todos los agentes rurales dispongan de una protección jurídica ante situaciones similares.
Un crimen que conmocionó Cataluña
Los hechos tuvieron lugar el 21 de enero de 2017 en un coto privado de Aspa, en el Segrià. Los dos agentes rurales fueron asesinados a tiros por un cazador que no disponía de licencia.
Un jurado popular lo declaró culpable de asesinato con alevosía por unanimidad, en uno de los casos que más impacto causó entre los cuerpos de emergencias y la sociedad catalana.
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