Los acusados de obligar a mujeres venezolanas a prostituirse lo han negado este miércoles durante el juicio que ha tenido lugar en la Audiencia de Lleida. Los encausados, un hombre propietario de dos bares de copas en la ciudad de Lleida y una mujer de origen venezolano que fue pareja sentimental de éste, se han acusado mutuamente de encargarse del traslado de las mujeres de Venezuela hasta Lleida. Él ha declarado que las ayudaba a viajar hasta Lleida porque eran conocidas de la otra acusada y entonces pareja suya, como favor, y que querían venir a España para hacer compraventa de ropa. Ella ha dicho que el acusado le pedía que las acompañara o las fuera a buscar porque quería que trabajaran de camareras en sus locales. Ambos han negado que una vez aquí las obligaran a prostituirse ni que tuvieran constancia de que se dedicaran a la prostitución. Una testigo protegida, que ha declarado por videoconferencia, en cambio, ha explicado que la acusada se encargaba de las gestiones y el traslado de las chicas, a quien engañaba diciéndoles que irían a trabajar de camareras y el acusado, una vez en sus locales, las obligaba a mantener relaciones sexuales con los clientes porque le tenían que pagar una deuda de 3.000 euros, decía.
Los agentes de la policía española que han declarado por videoconferencia han explicado que llevaron a cabo una investigación y pudieron corroborar la versión de la testigo protegida. Los testigos aportados por la defensa y que trabajaban entonces para el acusado, en cambio, han negado que en sus locales existiera prostitución. El juicio se ha podido celebrar finalmente, después de que se suspendiera el 15 de febrero, porque la testigo protegida no podía ver con claridad unas fotografías que el ministerio público consideraba clave. El motivo es que según la testigo, el acusado no las dejaba salir de casa y la fiscalía quería aclarar si una chica que aparecía en las fotografías paseando por la calle era ella. En este tiempo, la policía le ha llevado personalmente las fotografías y hoy en su intervención ha negado ser ella la mujer de las imágenes. La fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de siete años de prisión por un delito de trata de seres humanos y coacción y una multa de 5.400 euros. Además, pide que indemnicen con 10.000 euros a la víctima que denunció los hechos y que colaboró con la policía como testigo protegido. Las defensas piden la absolución. La investigación se inició el 22 de septiembre de 2014 cuando la Ucrif, la unidad de la policía española contra las redes de inmigración y falsificación documental, localizó en un local de Terrassa a una joven venezolana en situación irregular. La mujer explicó que su marido había muerto y tenía que mantener a una hija así que a través de un conocido contactó con la acusada, que, según la fiscalía, le ofreció ir a Lleida a trabajar de camarera, en uno de los locales del acusado, a cambio de entre 10 y 30 euros por copa. Ella aceptó y la acusada le gestionó la documentación y el viaje. La acusada es una mujer de 26 años, nacida en Venezuela y residente en Valencia, y el otro acusado es propietario de varios pubs en Lleida donde presuntamente se obligaba a mujeres procedentes de Venezuela a prostituirse. Según la testigo protegida, cuatro mujeres, incluida ella, vivían en un piso en Lleida y sólo salían para ir a los locales a trabajar. El acusado les reclamaba, según la misma víctima, 3.000 euros más los gastos de viaje y alojamiento, que le tenían que pagar prostituyéndose a cambio de 50 euros por servicio y las amenazaba diciendo que si no cumplían, mataría a sus familiares en Venezuela. El ministerio público sospecha que los acusados tramitaron la repatriación de, como mínimo, ocho mujeres, entre los años 2012 y 2013.
