El miércoles pasado se consumó el penúltimo capítulo del expolio político-judicial del Museo de Lleida cuando salía hacia Barbastro un camión cargado con 42 piezas que, originarias de parroquias de la Franja de Ponent, formaban parte de la exposición permanente de la institución que explica una historia secular compartida. Fue el día que nunca debería haber llegado y contra el cual hemos trabajado desde la unidad institucional los diferentes patrones del Consorcio del Museo. Hemos defendido —y nos mantenemos firmes con aciertos y admitiendo algún error— la unidad y la legitimidad de la colección, un principio amparado por la Unesco que solo la (in)justicia de Aragón y de España han puesto en cuestión, retorciendo cada una de sus pasos como ya hicieron en diciembre de 2017, con la ocupación policial del Museo amparándose en una sentencia provisional.
Pero siendo gravísima esta realidad para Lleida y el resto de museos que hoy se pueden sentir gravemente amenazados, debemos entender que la pérdida de las obras, momentáneamente hasta que regresen al lugar del cual nunca debieron haber salido, no es el objetivo final ni el más importante de los instigadores de este negro capítulo de la historia de la cultura. Porque el litigio por las obras de Sixena y la Franja no es la causa del desmembramiento del Museo de Lleida, es la consecuencia de un intento de atacar la identidad nacional catalana a base de levantar muros entre comunidades que han convivido fraternalmente.
No digo nada nuevo si recuerdo que la espoleta que lo detona todo y abre agujeros dolorosos en los muros del Museo es la división de la Diócesis de Lleida en los años 90 por motivos políticos. Pero esta causa original no es el objetivo, sino el medio para alcanzar su verdadera finalidad. La división de las dos comunidades y el expolio del Museo es lo que más vemos, pero en realidad solo son el dedo que señala la Luna, su verdadero objetivo: un Estado que ha orquestado todo un genocidio cultural. Si buscáis la definición de genocidio cultural veréis una foto de lo que ha pasado y está pasando.
Sufrimos los resortes de un Estado que quiere acabar con las identidades no castellanas "consiguiendo el efecto sin que se note el cuidado"... Sufrimos un Estado que ha conseguido con el litigio por el arte de la Franja alejar aún más a los miembros de una misma comunidad social, cultural y lingüística, la que convivía a ambos lados de la frontera política entre Cataluña y Aragón. Una frontera que en realidad no existía porque los vínculos culturales, sociales y lingüísticos la hacían inexistente. Pero la obstinación del nacionalismo excluyente del "a por ellos" tiene como finalidad aniquilar la historia compartida entre Lleida y la Franja de Ponent, unas relaciones que forman parte de la historia y el talante catalán.
Los estudiantes de Filología Catalana que en los años ochenta rondábamos por la Franja haciendo encuestas lingüísticas comenzábamos a notar cómo se iba levantando esta frontera. Lo percibíamos cuando hablábamos con profesionales y funcionarios estatales trasladados a la Franja, los mismos que fomentaban expresiones populares como el "chapurreat" solo para negar que se hablaba catalán en tierras aragonesas. Años después refinaron su perverso plan de genocidio cultural con la aberrante denominación de LAPAO para toda lengua que se hablara en Aragón que no fuera el castellano.
Esta frontera lunática se hacía políticamente evidente en el momento de la división del Obispado de Lleida. Dieron entonces un paso más en el objetivo de fracturar socialmente aquella comunidad única que eran Lleida y la Franja, señalando con un dedo revestido de puñetas judiciales unas obras de arte que no son ni de Barbastro ni de Lleida, que son patrimonio de una comunidad histórica que el Estado, más castellano que español y más diligente de lo que a veces pensamos, ha sido capaz de dividir.
Reivindicaremos hasta el extremo y hasta la última instancia judicial el retorno de las obras de arte a aquellos que las hemos salvado y las hemos conservado. No está en duda la voluntad de los patrones en la defensa de la legitimidad del fondo del Museo de Lleida. Las obras no se descatalogan porque confiamos en que en Europa nos amparará la justicia que aquí se ha puesto al servicio de unos partidos monárquicos castellanos que, ya se digan de derechas o de izquierdas, tienen por finalidad común reescribir la historia que les molesta.
Pero que la defensa de nuestros derechos sobre las obras del Museo de Lleida no nos haga perder la perspectiva de un dedo que señala la Luna de una ruptura cultural dentro de una misma comunidad. Esta es una historia que va más allá de las obras de arte, es la historia de un genocidio cultural que, también, deberemos saber explicar con el Plan de Impulso que Generalitat, Paeria, Obispado, Consejo Comarcal y Diputación presentaremos muy pronto. Lo quieran o no, el Museo de Lleida tiene futuro porque tenemos un pasado que es nuestro y no queremos que nos lo falseen.
Joan Talarn i Gilabert, presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Bellvís
