Llegamos al ecuador del mandato, un mandato protagonizado por la pandemia de la Covid-19. ¿Cómo valora estos dos primeros años de gobierno en la Diputación de Lleida?
Llevaba solo 9 meses en la Presidencia cuando tuve que decidir cerrar las puertas del palacio de la Diputación y mantener al máximo el servicio que los ayuntamientos nos pedían más que nunca. Nadie sabía cómo actuar ante un escenario planetario que nunca habríamos creído que viviríamos. 16 de los 24 meses del actual mandato han estado condicionados por la pandemia, cuyos efectos se extenderán en el tiempo durante los años venideros. Ha sido un hecho estructural este, porque sus efectos han venido para quedarse. Creo que los hemos podido combatir gracias a otro factor estructural que define estos dos años: gracias a los principios de la gobernanza republicana hemos podido actuar contra los efectos socioeconómicos de la pandemia con mayor celeridad, flexibilidad y eficacia que si solo dispusiéramos del antiguo método de las ayudas directas discrecionales. Y lo hemos hecho poniendo especial atención en la transformación del modelo económico de las tierras de Lleida y el refuerzo de las estructuras sanitarias, culturales y turísticas que nos ayuden a la futura recuperación post-COVID. Solo un mes después de declarada la pandemia, activamos un primer plan de choque de 15 millones de euros para inyectarlos a los ayuntamientos y consejos comarcales.
Cuando entró en la presidencia de la Diputación se marcó el objetivo de poner a los ayuntamientos del territorio en el centro de las políticas, aplicando la gobernanza republicana. ¿Qué implica este tipo de gobernanza? ¿Cuáles han sido los cambios respecto de la anterior gobernanza?
La gobernanza republicana se fundamenta en una gestión y reparto de los fondos públicos sobre bases equitativas, públicas, transparentes y objetivables. Destinamos el 47% del dinero de ayudas y subvenciones, unos 60 millones de euros, a ayuntamientos y consejos comarcales a través de Planes Económicos de los que se benefician todos los municipios. De esta manera, además, hacemos un reconocimiento explícito de la autonomía municipal a la hora de decidir el destino de la inversión en cada pueblo. Con los planes económicos, cada ayuntamiento sabe lo que recibirá de la Diputación en diferentes conceptos, de manera que puede planificar cuál es la inversión que su población realmente necesita, no la que se decide en un despacho. Esto conlleva, a su vez, buscar una mayor eficacia en la gestión de una administración pública cada vez más digitalizada. Incorporaremos nuevo personal a la Diputación que sale de unas bolsas de trabajo convocadas de manera pública y hemos reforzado los mecanismos de control y fiscalización de la gestión con la incorporación de funcionarios habilitados a Intervención y Secretaría General. La implementación de estos principios de gobernanza no ha sido fácil, pero sí definitiva. Difícilmente alguna alcaldía desearía volver al sistema antiguo.
Entonces también se marcó el objetivo de transformar el modelo económico de las comarcas de Lleida para evitar la despoblación. ¿Qué se ha hecho en este sentido y qué resultados está dando?
Las políticas para combatir la despoblación son transversales. La de Lleida, Pirineo y Aran es la demarcación territorialmente más extensa de Cataluña, pero también la más despoblada. No solo favoreceremos la repoblación con planes específicos, que los tenemos y este año dedicaremos 4 millones, sino que tenemos que gestionar grandes diferencias de concentraciones poblacionales. Tenemos la ciudad de Lleida, con 139.000 habitantes, y el resto del territorio, que suman 296.000. Aplicamos criterios de discriminación positiva, de manera que una parte del dinero que abonamos a la práctica totalidad de los planes económicos 'bonifican' el hecho de ser un municipio en riesgo de despoblación o que sufre los efectos negativos de un entorno de montaña, desde Cooperación Municipal a Salud, pasando por Caminos y Cultura. Esto supone que un 20% del dinero de los planes económicos de la Diputación han ido a estos municipios, para garantizar que puedan mantener los servicios que les ayuden a fijar la población. Si esta respuesta es inmediata, hay otra más compleja y a largo plazo, que es la necesidad de transformar el modelo económico productivo de las tierras de Lleida, Pirineo y Aran. El actual, saturado en las últimas décadas, nos condena a una dinámica de despoblación. El objetivo que tenemos es una Lleida competitiva y sostenible gracias a la economía verde, circular y altamente digitalizada, que refuerce sectores estratégicos y favorezca la aparición de sectores emergentes y nuevos modelos de negocio. En esta visión estamos comprometidos la Diputación y el llamado G-6, un grupo de trabajo que incluye también a la Paeria de Lleida, la Generalitat, la Universidad de Lleida y las cámaras de Comercio de Lleida y Tàrrega. Este grupo impulsamos 8 proyectos tractor que se ajustan a la filosofía europea de garantizar a las futuras generaciones las herramientas para vivir en su municipio. Aspiramos a captar una inversión de 500 millones de euros de los Fondos Next Generation y propiciar la creación de 6.000 puestos de trabajo en los próximos años.
Otro tema que se fijó como prioridad es la digitalización del territorio. ¿En qué punto está?
La pandemia, con la generalización del teletrabajo, ha hecho más necesario que nunca el despliegue de la alta velocidad de las telecomunicaciones, la llamada autopista del siglo XXI. Admitimos el retraso en el despliegue de la fibra óptica neutra, un proyecto muy ambicioso para toda Cataluña y que ahora entrará en la fase que la ciudadanía podrá ver. Ha pasado lo mismo en Tarragona y Girona, no es un problema solo de Lleida. Hay que tener presente que para tener más velocidad virtual en cada hogar hay que hacer obras presenciales en el territorio, y no tenemos una orografía fácil que ayude a hacer proyectos de manera rápida. Hemos presupuestado 10 millones de euros para alcanzar este objetivo, del cual confío en que antes de que termine el año 2021 ya veremos obra física en nuestras vías.
Otra de las carencias de la demarcación la encontramos en las infraestructuras. Siempre se ha dicho que la provincia de Lleida no ha sido bien tratada por el gobierno del Estado. ¿Qué se puede hacer desde la Diputación en este sentido?
Más allá de poner de manifiesto un déficit histórico en la inversión pública estatal en Lleida y la infrafinanciación del propio Estado a la Generalitat, que también fuerza un índice bajo de inversión, desde la Diputación podemos ayudar a poner orden especialmente en las vías de comunicación. Por eso estamos trabajando un Plan Zonal, una radiografía que nos indique cuál es la administración titular de cada vía terrestre y qué posibilidades dispone de financiar los mantenimientos. Con este Plan Zonal podremos hacer una propuesta, si es necesario, de traspasos de titularidades para garantizar una mejor conservación de las carreteras de toda la demarcación. En paralelo, hemos multiplicado por cuatro el Plan de Caminos, aportando a los ayuntamientos hasta 5,4 millones de euros para ayudar a arreglar sus vías locales. Y como también la Diputación es titular de carreteras, en concreto de 825 kilómetros, hemos incrementado hasta 6,7 millones la dotación para mejorar algunos tramos.
La defensa de la identidad cultural a través del Institut D'Estudis Ilerdencs es otro de los objetivos que se marcó. ¿Qué acciones se han llevado a cabo en este ámbito?
Somos un territorio rico en cultura, que lo cultivan desde nombres de prestigio internacional como el mismo Josep Vallverdú a entidades que mantienen viva la cultura popular de cada uno de los municipios. El Institut d'Estudis Ilerdencs es como la concejalía de Cultura de toda la demarcación, y también ha actuado en clave de gobernanza republicana. Ha apoyado a los creadores, especialmente afectados en tiempos de pandemia, pero no dando ayudas sino promoviendo la contratación de nuestros artistas ya sea directamente o a través de los ayuntamientos. Ha implementado nuevos proyectos, como el Festival Errant, que de manera itinerante lleva la cultura más actual fuera del círculo urbano. Este año hacemos en el Solsonès la segunda edición y la primera fue el año pasado en la Alta Ribagorça. Y, finalmente, haciendo del propio edificio del IEI protagonista de acciones culturales atrevidas que han tenido una gran aceptación popular. La apuesta de luz del IEI ha marcado las últimas dos Navidades en Lleida, como este Sant Jordi lo ha sido la instalación con la que se ha defendido que el dragón es el bueno.
Usted gobierna con mayoría absoluta, gracias al pacto entre ERC y Junts per Catalunya, pero ha hablado siempre de la necesidad de tejer amplios consensos con todos los grupos políticos de la Diputación de Lleida, también de la oposición. ¿Lo está consiguiendo?
Cuando el objetivo que marca nuestros esfuerzos es el beneficio del territorio y se hace con honestidad, transparencia, equidad y respetando la autonomía municipal se pueden generar sinergias de trabajo que superen las diferencias partidistas sin necesidad de que nadie renuncie a sus principios ideológicos, pero sí priorizando el refuerzo de la capacidad financiera de los municipios. Mire, fui investido con los votos de mi partido, ERC, y del grupo con el que compartimos gobierno, Junts per Catalunya. Pero el presupuesto del año 2020 sumó el voto favorable del grupo de Unitat d'Aran. Y el siguiente presupuesto, el actual, supuso ampliar el consenso con el grupo del PSC, que con la aplicación de los remanentes aún supuso la suma del grupo de En Comú Podem al principal expediente político que podemos aprobar. Y cabe destacar también que, a pesar de la crítica, el grupo de Ciudadanos no votó en contra. Y entre medio, la inmensa mayoría de los planes económicos han sido aprobados por unanimidad o sin votos en contra. Sí, creo sinceramente que estamos consiguiendo una gran complicidad política.
¿Cuáles son las acciones prioritarias para la segunda parte del mandato?
A nivel estructural, consolidar el despliegue irreversible de las políticas basadas en la gobernanza republicana que le describía al inicio de esta entrevista. Y, pasando a la concreción, las acciones prioritarias serán aquellas que ayuden a transformar nuestro modelo económico para luchar contra la despoblación, potenciar las estructuras turísticas, promover un pacto sostenible para las energías renovables, fomentar acciones en favor de la igualdad de género en los consistorios, ayudar a afrontar la necesidad de vivienda social e invertir en modernizar los ayuntamientos para convertirlos en las auténticas administraciones electrónicas del siglo XXI.