El Comú de Lleida ha hecho público el contenido de la denuncia que presentaron a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en Madrid. Entienden que los medios y la ciudadanía tienen derecho a que se les den respuestas en un tema que ha generado preocupación social. Por respeto al principio de presunción de inocencia no han hecho público ningún nombre, excepto el de las personas denunciadas, que son el alcalde Àngel Ros, la teniente de alcalde Montserrat Mínguez y la concejala de seguridad ciudadana Sara Mestres.
Solo tienen una parte de la información y no les ha llegado por vía oficial. Recuerdan al alcalde que la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de la Generalitat ha resuelto que los concejales del Comú tienen derecho a obtener la relación de las sanciones impuestas por la Guardia Urbana de Lleida que fueron dadas de baja por prescripción o por cualquier otro motivo entre 2006 y 2016. Lo pidieron hace más de medio año, y la GAIP resolvió a nuestro favor con fecha 28 de marzo de 2017. Lo recordaron en el último pleno. Pero se continúa vulnerando su derecho de acceso a la información.
Ante la negativa reiterada del equipo de gobierno a ceder la mencionada información, y la gravedad de los hechos que se desprenden de la información recibida, han formulado la denuncia y poner los hechos que se exponen en conocimiento de la Fiscalía Contra la Corrupción, el Consejo General del Poder Judicial (ya que hay implicadas personas de estamentos judiciales) y la Oficina Antifraude de Cataluña (atendiendo al hecho de que también hay implicadas administraciones públicas y personas de la función pública).
Vistos los numerosos listados y sanciones dadas de baja por diversos motivos, entienden que puede confirmarse una "lista blanca" de personajes y empresas sobre los que el Ayuntamiento de Lleida estaría filtrando las multas. Han encontrado casos en los que prescriben sanciones antes de tiempo, o mucho después del período máximo, o incluso cuando se encuentran en ejecución voluntaria o ejecutiva.
Entienden que después de tantos años con el mismo gobierno parte de la ciudadanía ha llegado a considerar "normal" este estado de las cosas, pero el hecho de que siempre se haya hecho así no quiere decir que no haya otra manera de hacer.
Por única respuesta, el gobierno opta por atacar a la agrupación de electores diciendo que no propone nada. Piden respeto, si no puede ser para los concejales, para todas las personas que están contribuyendo a hacer crecer el proyecto del Comú: la gente que participa en las asambleas de barrio, las personas que trabajan en las comisiones del Comú, las que van a las asambleas o los centenares de personas adheridas.
El Comú ha alargado hasta el lunes 26 de junio a las 12 de la noche el período de votación someter a ratificación de todas las personas adheridas vía telemática el posicionamiento que consensuaron ante el referéndum, para dar tiempo a una mayor participación.
