Uno, reducir consumos. Y dos, acercar los grandes centros de producción a los de consumo.
Uno; mientras el oligopolio nos recuerda cada día que solo producimos un 10% en renovables y que el compromiso que debemos alcanzar a nivel europeo es del 50% en 2030 (¡de aquí a 8,5 años!) y del 100% en 2050 con fuentes renovables. Y que, dependiendo del crecimiento de la población, necesitaremos producir en Cataluña unos 10.000MW en 2030 y de 48.000 a 60.000MW en 2050. Se descuida la letra pequeña del compromiso que dice que también debemos alcanzar un 32,5% en 2030 y un 70% en 2050 mejorando la eficiencia energética reduciendo el consumo final. Sabemos que hoy necesitamos en Cataluña para funcionar 6.000MW de luz, podemos seguir quejándonos por la masificación y la especulación o pasar a la acción con el autoconsumo y la gestión pública de la energía. Si tenemos un territorio empoderado y autosuficiente incluso podemos hacer de la energía nuestro propio negocio y no necesitar el 3,4% que paga el oligopolio de su facturación al territorio por la extracción de nuestro capital natural. Los ayuntamientos son las entidades más cercanas a la ciudadanía, deben predicar con el ejemplo ayudando al autoconsumo e informando a la ciudadanía, instalando placas solares, leds, calderas de biomasa, aislando cerramientos... Pueden reducir los consumos en sus equipamientos y no malgastar dinero público, sino ahorrarlo. Hace tiempo que hay ayudas para ello, desde el patronato de Transformación Económica de la Diputación de Lleida ayudaremos con los certificados de eficiencia energética para seguir pidiéndolos a Europa (que es lo que nos piden ellos). Así podemos conectar la escuela, el centro de salud, vecinos, empresas, cooperativas y comunidades energéticas locales (CEL) público-privadas. Solo así reduciremos consumos y alcanzaremos porcentajes más altos en renovables, democratizando la luz, un territorio soberano energéticamente no necesita del oligopolio.
Y dos; la ley 16/2017 del Cambio Climático catalana del 1 de agosto de 2017, por cierto, tumbada en Madrid, es una ley buenísima inspirada en leyes similares europeas y que hablaba ya entonces de estas comunidades energéticas locales así como de acercar los centros de producción a los de consumo, evitando hasta un 20% de pérdida en el transporte, de espacios antropizados donde la acción del hombre ha degradado entornos, lógicamente muchos de ellos situados en los grandes centros de actividad y concentración humana. No ocurrió lo mismo con el decreto de aplicación de la ley, el famoso 16/2019 que favorece a los viejos proyectos de centrales eólicas y solares. Es necesario ahora reformarlo, pues el territorio ya ha contribuido sobradamente a este exceso.
Desde el patronato de Transformación Económica de la Diputación de Lleida como decía, ya hemos comenzado. Analizamos el contexto legal catalán, español, europeo y los compromisos globales, buscamos los puntos fuertes y débiles para alcanzarlos, optimizando los recursos naturales que tenemos, solar, eólica, hidráulica, masa forestal…; mapeando el potencial en suelo no urbanizable para no competir con la agricultura, el riego, el turismo…; calculando la capacidad de generación en suelo urbano de toda la demarcación en cubiertas, equipamientos públicos, solares municipales…; estableciendo criterios para modificar planeamientos urbanísticos, calculando los consumos eléctricos de cada municipio, reuniéndonos con plataformas civiles, colegios profesionales, gremios de instaladores y constructores, ICAEN, IDAE, ayuntamientos y otras diputaciones para comenzar este mes de junio con jornadas de trabajo participativas para alcanzar entre todos una definición del Pacto Territorial Sostenible de las Energías Renovables. Posteriormente en verano-otoño llegarán convocatorias de fondos Next Generation EU que ayudarán a formar las primeras CELs.
Las fuentes de energía renovables son un bien común y, por lo tanto, no puede estar en manos de unos cuantos su producción y distribución.
Carles Gibert i Bernaus, Diputado del patronato de Transformación Económica de la Diputación de Lleida.