A propuesta del Ayuntamiento de Aitona hoy lunes 26 de abril los 16 ayuntamientos de las Tierras de Lleida ubicados en el trazado de la autopista AP-2 se han reunido por vía telemática para evaluar conjuntamente los efectos que tendrá en estas poblaciones la caducidad de la actual concesión de la AP-2 -en manos actualmente de Abertis y que finaliza este próximo mes de agosto- y estudiar las posibles medidas a emprender para paliar y resarcir las importantes pérdidas económicas que esta situación generará en las arcas públicas de diferentes consistorios.
En este sentido, el fin de la actual concesión para la gestión de la autopista AP-2 implicará entre otros que los 16 municipios leridanos ubicados en el trazado de esta vía dejen de percibir los cerca de 1,3 millones de euros anuales que la concesionaria Abertis pagaba en concepto del IBI-BICES (Bienes Inmuebles de Características Especiales).
Rosa Pujol, alcaldesa de Aitona y secretaria general de la Asociación Estatal de Municipios Afectados por Autopistas y Túneles de Peaje, avanza que "se trata de una situación muy grave, ya que estos 16 municipios perderemos a partir del 1 de septiembre un ingreso muy importante para nuestras arcas municipales. En algunos casos, este descalabro económico supondrá disminuir los ingresos municipales en un 20% anualmente".
Por todo ello, la alcaldesa aitonense explica que ante esta situación "hemos acordado actuar unidos todos los afectados, constituyendo una asociación catalana a la que se invitará a integrarse al resto de los municipios del país; no sólo los afectados por la caducidad de la AP-2, sino también por la caducidad de la AP-7, del tramo desde Barcelona a la Jonquera, y otras autopistas de peaje propiedad de la Generalitat en torno a Barcelona. Somos más de 100 ayuntamientos afectados".
