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La actualización del mapa de zonas de mercado residencial tensionado ha generado debate entre los municipios de Ponent y el Pirineo y en el caso de Lleida se ha valorado positivamente, pero consideran que “no se ha acabado el trabajo”. En Guissona, que también sale, advierten que el problema no queda resuelto porque en su caso, el acceso está ligado a la actividad económica de una gran industria como bonÀrea. Por contra, pueblos del entorno de la capital como Rosselló y Torrefarrera entran en el mercado tensionado al acentuarse el efecto “ciudad dormitorio” y aumentar en ellos los puestos de trabajo. En el Pirineo la presión residencial está vinculada al turismo y a la crisis de la vivienda de Andorra, que desplaza una demanda adicional hacia la vertiente catalana.
El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Lleida y Provincia, Josep Maria Esteve, ha valorado "muy positivamente" la salida de Lleida del mapa de zonas de mercado residencial tensionado. Según él, la aplicación de la regulación ha sido "totalmente desfavorable" y ha comportado una "retirada masiva" de viviendas del mercado de alquiler.
Según Esteve, el tope de rentas ha dificultado que determinados propietarios pusieran sus inmuebles en el mercado, especialmente porque la diferencia entre el precio máximo regulado y el precio real de mercado era relativamente reducida en Lleida, de entre 100 y 200 euros en los mejores de los casos, ha indicado.
A su parecer, esta situación ha hecho que algunos propietarios, sobre todo pequeños tenedores, optaran por no alquilar sus viviendas. También ha advertido que la regulación acaba generando un "casting" de los inquilinos, porque los propietarios buscan los perfiles con más solvencia y las personas con menos recursos tienen más dificultades para acceder a los pisos.
Esteve prevé que la salida de Lleida de la zona tensionada permitirá que "enseguida" vuelvan viviendas al mercado de alquiler y que aumente la inversión en inmuebles, también para rehabilitar fincas antiguas. El incremento de la oferta, según el presidente de los API, debería permitir equilibrarla con la demanda y favorecer una autorregulación de los precios, facilitando el acceso a la vivienda a colectivos como los estudiantes.
Sobre los municipios que entran ahora en la zona tensionada, ha admitido que en municipios como Mollerussa y Cervera hay una demanda elevada, pero ha rechazado que esto implique que el mercado esté tensionado. Esteve ha atribuido las dificultades principalmente a la falta de oferta y de vivienda pública y ha defendido que la administración promueva más construcción de vivienda social.
Recientemente, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, también ha valorado "muy positivamente" la salida de la ciudad de la zona tensionada. El paer en cap ha destacado que actualmente Lleida tiene más de 400 viviendas asequibles con licencia o en construcción y que, sumando las de régimen libre, se están construyendo 1.125 viviendas. "Estamos muy contentos, pero esto no quiere decir que se haya acabado el trabajo", ha manifestado Larrosa.
“Los políticos no quieren tocar de raíz este problema”
Gerard Pérez, miembro del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña en Lleida, niega rotundamente que la situación de la vivienda se haya solucionado en la ciudad con la salida del listado de zonas tensionadas. En este sentido, remarca que los datos apuntan a que el precio del alquiler ha subido un 50% en los últimos 10 años y que esto indica que "no ha parado de subir año a año". Según Pérez, la clase trabajadora de la ciudad necesita "urgentemente" unas bajadas "drásticas" de los precios de alquiler porque ahora mismo es "completamente insostenible".
Desde el sindicato, sí que reconocen que el tope ha frenado "un poco" los precios del alquiler, pero que en ningún caso los ha bajado. Consideran que lo único que ha hecho ha sido congelar y normalizar unos precios que ya de por sí eran completamente "absurdos y altísimos". Por eso, creen que la ley se ha creado "para ser retirada cuando empiece a funcionar". Según Pérez, el indicador solo mide la aceleración del precio del alquiler, y por eso "es lógico que si hay un tope, este precio se estancará". Por todo ello, para el sindicato es una evidencia de la contradicción de los partidos políticos que quieren "moderar un poco la crisis de la vivienda" pero no están dispuestos a "tocar de raíz" el problema.
Rosselló y Torrefarrera, cerca de Lleida, entran en la zona de mercado tensionado
Uno de los municipios del Segrià que han entrado en la zona de mercado residencial tensionado es Rosselló, situado a menos de 10 kilómetros de Lleida. El alcalde, Joan Andreu Urbano, lo atribuye a una situación de falta de oferta de vivienda que se ha acentuado en los últimos cuatro o cinco años. En poco tiempo el pueblo ha pasado de unos 3.100 habitantes a cerca de 3.400, en parte por la llegada de trabajadores jóvenes vinculados a la empresa Alier, que ha aumentado la plantilla y ha pasado de 150 trabajadores a casi 400.
Según Urbano, muchos empleados buscan vivir cerca del lugar de trabajo, pero "no hay alquiler, ni casas ni pisos", hecho que ha contribuido a encarecer los precios. El alcalde calcula que un piso de dos habitaciones que hace unos años se podía alquilar por entre 300 y 400 euros ahora se sitúa entre los 600 y los 700 euros, según los precios que conocen en el municipio. Urbano pone como ejemplo un bloque de 30 viviendas que un empresario adquirió hace aproximadamente un año y medio, rehabilitó y puso íntegramente de alquiler, y que consiguió ocupar en solo tres o cuatro meses.
Urbano asegura que la inclusión de Rosselló en el mapa de zonas tensionadas no les ha sorprendido porque la falta de oferta es evidente, pero reconoce que el Ayuntamiento ha conocido la decisión de la Generalitat por los medios y que no ha recibido ninguna comunicación oficial. También señala que la situación es similar en el pueblo vecino de Torrefarrera, situado aún más cerca de Lleida, aunque en este municipio, apunta, el componente de ciudad dormitorio es más acusado.
“La salida de Guissona no implica que el problema de la vivienda esté resuelto”
El alcalde de Guissona, Jaume Ars, ha valorado que la salida del municipio de la zona tensionada no quiere decir que el problema del acceso a la vivienda en el municipio esté resuelto porque todavía tienen crecimiento demográfico y una demanda vinculada a la actividad económica de bonÀrea. En este sentido, ha remarcado que la oferta de vivienda “es muy limitada”, a pesar de que cada año se hace alguna promoción.
Por este motivo, Ars plantea analizar bien la actualización del listado porque “los criterios de delimitación territorial seguramente han sido desfavorables para que Guissona quedara excluida”. Ars destaca que los indicadores que ellos han analizado son que la familia no destina más del 30% de la renta a la vivienda, que la evolución del alquiler en el municipio no ha superado el IPC, y que el precio de compraventa respecto al indicativo no ha sido desfavorable. Para el alcalde, estos tres indicadores han motivado la salida de Guissona de la lista y apuesta por continuar trabajando con políticas de “mediación” con propietarios de terrenos y promotores, y también por tener suelo público y poder ofrecer más vivienda en Guissona.
Andorra y el esquí aumentan la tensión residencial en el Alt Urgell y la Cerdanya
El Alt Urgell y la Cerdanya viven una tensión residencial disparada por el auge turístico vinculado al esquí y, en el caso del Alt Urgell, por el efecto de la crisis de vivienda en Andorra, factores que han hecho crecer la lista de municipios declarados zona de mercado tensionado en ambas comarcas pirenaicas.
Esta presión, que durante años se había concentrado en La Seu d'Urgell, se ha ido extendiendo a municipios de montaña cada vez más pequeños, como Montferrer i Castellbò o la Ribera d'Urgellet. En cambio, les Valls de Valira ha quedado fuera a pesar de hacer frontera con Andorra y quedar cerca de diversos municipios declarados tensionados. El alcalde, Ricard Mateu, lo atribuye al tamaño y dispersión de los núcleos del municipio, donde para vivir se necesita a menudo vehículo 4x4 y ruedas de invierno. A pesar de notar un aumento de población desde la pandemia, Mateu remarca que el parque es casi todo de casas —habitadas o de segunda residencia— y prácticamente no hay pisos, hecho que limita la demanda.
En la Cerdanya, donde ningún municipio ha salido de la lista, la entrada de Prats i Sansor ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento. El alcalde, Xavier Picas, atribuye el fenómeno al atractivo del municipio, donde muchas segundas residencias han acabado convirtiéndose en vivienda permanente. Explica que el alquiler de temporada resulta mucho más rentable para los propietarios que el de todo el año, lo que ha empujado a diversas familias a marchar hacia el Berguedà y complica encontrar casa para vivir. Como respuesta, el Ayuntamiento convierte la antigua rectoría del Obispado —comprada hace siete años— en cuatro pisos de alquiler social para familias con niños y jóvenes que quieran emanciparse, un proyecto en fase de estudio.
La Pobla de Segur, incentivará la primera residencia con ayudas del Plan de Barrios
El alcalde de La Pobla de Segur, Marc Baró, dice que la declaración de zona tensionada les ha cogido por sorpresa, porque no han recibido ninguna información al respecto. Baró reconoce un problema de acceso a la vivienda en el municipio y ha explicado que con el Plan de Barrios intentarán resolverlo. El objetivo principal es incentivar que las viviendas vacías se pongan a disposición del alquiler de primera residencia, evitando subvencionar segundas residencias y centrando las ayudas en la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad a los que se destinen a primera residencia.
Son diferentes los sectores de población que necesitan vivienda en La Pobla. El alcalde ha dicho que La Pobla de Segur cuenta con un polígono industrial potente y empresas con mucha demanda de personal, pero los trabajadores a menudo tienen que desplazarse a dormir a municipios o comarcas vecinas por falta de alojamiento. La demanda de vivienda también se incrementa por los estudiantes del centro de deportes de montaña.
Marc Baró es consciente de que muchos de los pisos vacíos que hay en el municipio son de gente mayor que vive en pueblos pequeños y alejados y que los compran para tenerlos a disposición de cara al futuro cuando se hacen mayores y ya no pueden conducir o vivir solos, lo que deja estas viviendas vacías.
